Tiene dos trabajos

Bajo sospecha el presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo
Ignacio Juárez Galindo/ e-consulta

Antonio Juárez Acevedo, además de cobrar su sueldo como presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) del estado de Puebla, ocupa el cargo de secretario general de la Agrupación Política Nacional “Plataforma Cuatro, lo que representa una flagrante violación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en la entidad.
Incluso, el funcionario mintió ante el Congreso del estado al omitir dicho cargo político en su hoja de vida, lo cual le habría valido su descalificación inmediata como aspirante a comisionado, en 2005.

De acuerdo con documentos que obran en poder de e-consulta, hasta el 28 de agosto pasado Antonio Juárez aparecía en los registros del Instituto Federal Electoral (IFE) como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la Agrupación Política Nacional “Plataforma Cuatro”.

La información fue revelada por Manuel López Bernal, secretario Ejecutivo del organismo electoral, a través de una carta certificada que se reproduce en esta edición.

Según el artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, apartado sexto, para ser comisionado se requiere “no haber desempeñado cualquier cargo de elección popular con el carácter de propietario; Titular de dependencia o entidad federal, estatal o municipal; magistrado del Poder Judicial del Estado o del Tribunal Electoral del Estado; Consejero del Instituto Electoral del Estado o dirigente de algún partido o asociación política durante los tres años previos al de su designación”.

Antonio Juárez -quien incluso publicó el 3 de agosto de 2007, en el periódico un El Sol de Puebla,análisis del artículo 27 de la Ley de Transparencia- no sólo violó la ley al continuar fungiendo como secretario general del CEN de “Plataforma Cuatro”, sino que también era una persona inelegible como comisionado en 2005.

Es más, en su artículo publicado el 3 de agosto sostuvo que la Ley “no prohíbe ser militante o miembro de partido o asociaciones políticas, lo que no permite la ley es haber sido dirigente de alguna de ellas”.

De igual forma, el presidente incurrió en la violación del artículo 28 de la Ley de Transparencia, en donde se prohibe a los comisionados en funciones “desempeñar ningún otro cargo, empleo o comisión, remunerado o no, salvo aquellos de carácter académico”.

Sobre dicho precepto legal, el comisionado también publicó un análisis en el Sol de Puebla, el 7 de agosto pasado, en donde estableció que la violación al artículo 28 de la Ley de Transparencia, tiene su correlación con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y quienes lo violen incurren en una responsabilidad administrativa.

Plataforma Cuatro

La APN Plataforma Cuatro fue creada en 1999 por un acuerdo del IFE, entonces presidido por José Woldenberg y fue encabezada desde su inicio por Marco Tulio Zárate Luna, como presidente; Antonio Juárez Acevedo, como secretario general; Tania Susana Henández Zafra, como secretaria de Finanzas; Ricardo Jiménez Hernández, como secretario de organización; Omar Esquivel Cabrera, secretario de Acción Democrática; Federico Pérez Guevara, como secretario de Acción Social; y Joel Viveros Galindo, secretario de Información.

Fue en julio de 2002 cuando la APN solicitó al IFE ser reconocidos como partido político, pero la petición fue rechazada por no reunir “los requisitos de ley y por no satisfacer el procedimientos establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”.

De acuerdo con la resolución (CG125/2002), la APN tiene presencia en Puebla, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Tlaxcala, Chihuahua y Baja California. Aunque el IFE también detectó que las asambleas habían sido manipuladas.

El último reporte sobre “Plataforma Cuatro” establece que la APN tiene sus instalaciones en Avenida San Francisco 1416, colonia San Manuel. Y sus teléfonos son: 012228687805, 2367532.
Su pasado lo condena

Esta no es la primera ocasión que Antonio Juárez Acevedo se ha visto envuelto en un escándalo. Sobre todo existe dos señalamientos difundidos en los medios de comunicación locales: el vínculo que tiene con PRI y el gobierno del estado. Y es que su padre Nicandro Juárez tiene una relación de compadrazgo con el dirigente estatal del tricolor, Valentín Meneses.

El otro fue por imponerse, con la complicidad de Samuel Rangel Rodríguez, en la presidencia de la CAIP para impedir que la comisionada Josefina Buxadé Castelán arribara la cargo.

Antonio Juárez Acevedo fue electo, junto con Josefina Buxadé y Roberto Díaz Sáenz, por el Congreso del estado como comisionado de la CAIP, en 2005. Según la resolución adoptada por los legisladores, el primer presidente del organismo de transparencia solo permanecería dos años en el cargo, mientras que los restantes dos comisionados estarían un promedio de cuatro y seis años.

Roberto Díaz Sáenz fue ungido como titular de la CAIP y dejó el cargo en enero de este año. Fue sustituido por Samuel Rangel Rodríguez; mientras que Josefina Buxadé, fue electa por cuatro años; y Antonio Juárez Acevedo, por seis años.

Entre los tres primeros comisionados, según se ha difundidos en los medios locales, existía un acuerdo verbal de que la presidencia se turnaría conforme a los años en que fueron electos. Así pues, el primer periodo le correspondía a Díaz Sáenz, el segundo a Josefina Buxadé; y, el tercero a Antonio Juárez.

Hábil para la traición

Pero, con la salida del presidente de la CAIP y el arribo de Samuel Rangel a principios de esta año, Antonio Juárez maquinó una estrategia para impedir la llegada de Buxadé Castelán a la titularidad del organismo. Esa decisión fue duramente criticada por la comisionada, quien afirmó que la designación se llevó a cabo en la “opacidad” y se eligió a la personas menos idónea.

No obstante, la marginación que sufrió Josefina Buxadé estuvo acompañada previamente de la rescisión de dos trabajadores de la CAIP -Darío Delgado Cruz y Luis Piza-, quienes fueron despedidos injustificadamente por el presidente saliente Roberto Díaz. Los afectados aseguraron que sus remociones tuvieron como finalidad afectar a Josefina Buxadé e impedir su arribo a la presidencia.

Es más, Darío Delgado aseguró en esa ocasión que la CAIP era “un órgano carente de independencia, burocrático y operado, en su mayoría, por funcionarios ignorantes en el tema”.

Pero, en el proceso de relevo en la presidencia del organismo saltó un nuevo escándalo que dejó al descubierto la componenda entre Antonio Juárez Acevedo y Samuel Rangel, pues éste último mintió al justificar su apoyo para que su amigo fuera designado titular de la CAIP. Las mentiras del comisonado fueron expuestas en un video, donde incurría en una serie de contradicciones. Al final, no tuvo otra postura más que justificar que mintió por una confusión.

Sobre el arribo de Antonio Juárez Acevedo a la presidencia del organismo, también opinó el columnista Rodolfo Ruiz, en La Corte de los Milagros: “El nombramiento de Antonio Juárez Acevedo como nuevo presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), no sólo echa por tierra la de por sí cuestionada credibilidad y legitimidad del organismo —garante de la rendición de cuentas—, sino el discurso de la honestidad y transparencia del gobierno de nueva generación.

“Pero también pone en evidencia el doble discurso de algunos actores políticos que hoy denuncian a los cuatro vientos los oscuros nexos que mantiene con el poder local el nuevo presidente de la CAIP, cuando ellos mismos contribuyeron a su encumbramiento.

“Y es que Juárez Acevedo no habría llegado a la presidencia de la Comisión —burlando incluso un acuerdo interno de sus miembros fundadores—, si la mayoría de los diputados del Congreso del estado no elige a Samuel Rangel Rodríguez como nuevo comisionado de la CAIP.

“Este personaje, cuyo mayor mérito profesional es haber laborado para el hoy diputado federal priísta Jorge Estefan Chidiac, cuando éste fue director regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, no sólo fue el instrumento para impedir la designación de Josefina Buxadé Castelán como presidenta de la CAIP, sino el idiota útil que el sistema requería para mantener la opacidad gubernamental”.