Denuncian informales acoso de parte de funcionarios del ayuntamiento
Alejandro Camacho Fierro / Foto Alfredo Fernández/Intolerancia
La Secretaría de Gobernación municipal y la de Seguridad Pública ordenaron ayer un desalojo brutal en contra de 30 ambulantes que exigían una audiencia con el presidente municipal Enrique Doger. En este bajo acto de agresión fueron brutalmente golpeados ocho ambulantes, de los cuales cinco fueron subidos a camionetas de la Fuerza Delta y tres más fueron levantados por una patrulla, aun cuando el director de la Policía, Carlos Cárdenas Ramírez, informó que sólo cuatro personas habían sido remitidas al Juzgado Calificador.
Pero también Celso González, con clave policial Pantera Cero, jefe operativo de los grupos de reacción Canófilo y Delta, así como Humberto Rivera, subdirector de la Policía municipal, quienes fueron los que con órdenes de Javier Casique y Rolando López Villaseñor, agredieron a los reporteros de la fuente que daban cobertura al abuso policiaco en agravio de niños, adultos y personas de la tercera edad.
Lo anterior, luego de que los agremiados a la organización 20 de Noviembre se manifestaran en Palacio Municipal para denunciar agresiones y hostigamiento por parte de funcionarios y policías municipales, los cuales exigen cuotas mensuales de 25 mil pesos, por lo que al negarse a ello decidieron arremeter en contra de ellos.
Eran las tres de la tarde, cuando un grupo de 30 ambulantes de la organización 20 de Noviembre llegaron a Palacio Municipal para manifestarse en contra de las agresiones de inspectores del ayuntamiento y elementos policíacos en la zona de la Capu. Un grupo de mujeres, integrantes de la agrupación, simplemente pedían una audiencia con el edil poblano para denunciar la corrupción que hay por parte de inspectores de la Secretaría de Gobernación municipal, quienes a cambio de dejarlos en la vía pública les piden cuotas de 25 mil pesos mensuales.
Erica Rojas, una de las ambulantes afectadas, relató que son constantes los hostigamientos en contra de la organización 20 de Noviembre, sobre todo porque los agremiados decidieron no entrar a la red de corrupción impuesta desde la Secretaría de Seguridad Pública y de la propia área de Gobernación municipal. “Javier Casique, Mauro Nava y Clemente Gómez llegan a pedirnos cuotas de 25 mil pesos para dejarnos trabajar, no es justo, ya que nosotros nos dedicamos a vender dulces típicos en la zona de la Capu y no tenemos recursos para pagar esta corruptela, pues no se le puede llamar de otra forma.”
Al negarse a pagar estas cuotas, los agremiados han sufrido diversos actos de represión desde el 28 de agosto de este año, cuando fueron desalojados de la zona de “La Fayuca”, donde curiosamente se permite la estancia de un número significativo de vendedores ambulantes sin que éstos sean tocados por la autoridad. Los ambulantes afectados pidieron a las autoridades municipales a respetar su trabajo, dialogar y buscar un espacio digno donde puedan ser reubicados pero no en lugares considerados “elefantes blancos”, situación por la cual piden una audiencia directa con el presidente municipal, Enrique Doger Guerrero, para poner fin a este conflicto.
Denunciaron ser objeto de la represión de inspectores de vía pública quienes con agresiones los desalojaron sin previo aviso y con el uso de la fuerza pública aun cuando fue negada la versión. Desde que fueron desalojados de la zona de la Capu, inspectores y policías de manera intimidatoria llegaron con amenazas y hostigamiento cuando éstos se negaron a pagar las cuotas que pedían para dejarlos vender sus productos.
Señaló que lo único que quieren es seguir trabajando, “y sí queremos entrar también el programa que están realizando en el Centro Histórico”, sin embargo, no se han sentado a negociar con ellos, lo cual demuestra falta de sensibilidad política del ayuntamiento. Aclaró que no dañan las ventas de los demás porque no comercian lo mismo, “es más, nosotros estamos afuera de ‘La Fayuca’, estamos a un lado y alejados de ellos. No entendemos por qué quieren quietarnos sin exponernos una solución a nuestros problemas”.
Los informales argumentaron que hasta el momento las autoridades municipales no les han dado una solución real a su problema, toda vez que con su retiro se han quedado desamparadas 30 familias que vivían de esta actividad. En especial señalaron que por lo menos el 70 por ciento de los agremiados son madres solteras que han visto la forma de salir adelante honradamente para mantener a sus hijos que en muchos casos han dejado de ir a la escuela, ya que no han podido vender la mercancía que incluso se está echando a perder.
Los integrantes de la 20 de Noviembre acusaron que fue un abuso de poder el que realizaron las autoridades municipales, toda vez que en ningún momento se llevó a cabo una negociación o se tuvo diálogo con los informales antes de ser retirados de su lugar de trabajo.
Lamentó la actitud represiva por parte del gobierno que encabeza el presidente municipal, Enrique Doger Guerrero, por lo que pidió a éste una audiencia pública para poder solucionar el problema de su reubicación en un lugar cercano a la Capu. Insistió que pese a la represión no van a dejar de hacer manifestaciones debido a que necesitan un lugar para trabajar y poder generar ingresos para la manutención de sus familias.
El zafarrancho
Alrededor de las 15:00 horas de ayer, se registró enfrentamiento que llegó a los golpes cuando elementos de la Policía municipal desalojaron a 20 comerciantes ambulantes que se manifestaban frente a Palacio Municipal para solicitar que se les permitiera vender dulces típicos y artículos varios a un costado de la Capu.
Durante el operativo compuesto por 60 elementos policiacos, reporteros de la fuente fueron agredidos con empujones y puntapiés por parte de los elementos del grupo Delta y Canófilos, que recibieron la orden de la Secretaría de Gobernación de retirar la manifestación que realizaban los informales inconformes.
Tras el enfrentamiento, uno de los representantes de la organización 20 de Noviembre, Jorge Aguilar González, señaló que cinco de sus compañeros fueron detenidos por la Policía municipal y enviados al Ministerio Público; además, tres vehículos que ocuparon para bloquear la avenida Juan de Palafox y Mendoza entre la 16 de Septiembre y la 2 Norte-Sur fueron enviados al “corralón”.
A partir de las 14:00 horas, alrededor de 20 comerciantes informales se manifestaron frente a la sede del gobierno municipal para solicitar que se les permita regresar a vender a las banquetas del bulevar Norte frente al establecimiento Veana de donde fueron retirados el pasado 28 de agosto. Más tarde, antes de las 15:00 horas, elementos de la Policía municipal implementaron un operativo para desalojar a los ambulantes. El primer enfrentamiento se registró mientras eran retirados dos vehículos que mantenían bloqueada la circulación de la avenida Juan de Palafox y Mendoza y la 16 de Septiembre.
Un segundo enfrentamiento se registró en la misma avenida Juan de Palafox y Mendoza esquina con la 2 Norte-Sur cuando era retirado un tercer vehículo. Con lujo de violencia los policías jaloneaban a los manifestantes con el objetivo de impedir que volviera a ser bloqueada la circulación.
La violencia mostrada por los cuerpos policiacos Canofilo y Delta se mostró cuando de la nada comenzaron a soltar, patadas, jalones, puñetazos. De un extremó del portal Hidalgo, Manuel Alonso García, director de Tránsito, antes subdirector de la Policía, daba ordenes a elementos policiacos de retirar con la fuerza pública a los tres vehículos que obstruían la vialidad.
Los automotores fueron llevados al “corralón” ubicado en Rancho Colorado en bulevar San Felipe. “Somos vendedores ambulantes, no somos delincuentes, por eso nos agreden, vayan por los delincuentes, nosotros somos gente de trabajo”, rogaba doña teresa González Ramírez de unos 65 años de edad quien era pateada en el piso por media docena de policías.
Mientras, un policía del grupo Delta, que vestía pantalón tipo franjeado de Zebra, sudadera negra y chaleco antibalas, le daba respuesta: “ya cállate, pinche vieja”, mientras golpeaba a una mujer que se manifestaba para denunciar los actos de corrupción por parte de inspectores municipales. “No somos rateros, somos comerciantes, no somos rateros, somos comerciantes”, reiteraban los ambulantes mientras eran subidos a puntapiés a las camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública.
Mientras tanto, Humberto Rivera, subdirector de la Policía municipal, exjefe del sector 5, encaró a los reporteros para decirles que se retiraran del lugar o se los cargaría la chingada. “Quién eres, identifícate”, exigía Humberto Rivera a uno de los reporteros de la fuente. “Sino se van se los va a cargar la chingada”, al tiempo de que empujaba en el pecho con ambos brazos a los reporteros de la fuente, en especial a Javier Puga Martínez, reportero de La Jornada de Oriente, quien al inicio de la administración de López Villaseñor, éste en un exabrupto le aplicó la “ley mordaza” después de amenazar al reportero por realizar su trabajo.
Después dio la orden directa a Celso González, con clave policial Pantera Cero, jefe operativo de los grupos de reacción Canofilo y Delta, quien ordenó le retiraran “a la bola de pendejos”, como llamó a los reporteros que daban seguimiento a la brutalidad policiaca con la que actuaron.
Celso González, con clave policial Pantera Cero, formó un cordón humano para retirar a empujones y jalones a los trabajadores de la información del lugar del conflicto, para que no dieran cuenta de lo que pasaba. Después Humberto Rivera, subdirector de la Policía municipal, muy molesto por la presencia de los reporteros en el lugar donde pateaban y daban macanazos ancianos, niños y mujeres, a través de su radio Nextel describió a los periodistas que según él lo habían desafiado.
“Sí, ya los marqué”, decía. El término “marcar” tiene su origen en los cuerpos policiacos y se refieren a identificar físicamente las características personales de cada persona, para posteriormente investigar su domicilio, puntos de desplazamientos, lugares más recurrentes par comenzar una persecución contra ellos.
La versión oficial: Realiza ayuntamiento operativo para preservar el orden
El operativo realizado esta tarde en el zócalo de la ciudad en el que fueron retirados tres vehículos que obstruían el flujo vehicular y en el que fueron puestas a disposición del Juzgado calificador tres personas, tuvo como finalidad evitar que se afectaran a ciudadanos que transitaban por el centro histórico de la ciudad.
La Secretaría de Gobernación Municipal instruyó para que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública retiraran al grupo de vendedores ambulantes que se manifestaban y que obstruían la Avenida Juan de Palafox. Estos comerciantes previamente habían sido impedidos para instalarse en el Bulevar Norte a un costado de la Capu, debido a que perdieron un amparo.
El Ayuntamiento de Puebla reitera su voluntad de entablar el diálogo con todas las organizaciones de vendedores, siempre que actúen en el marco de la ley y sin afectar a terceros, con la finalidad de alcanzar acuerdos que permitan el reordenamiento de los comerciantes informales.
Acaba manifestación en trifulca
Elizabeth Cervantes /Periódico Digital
Elizabeth Cervantes /Periódico Digital
Cinco detenidos, varios niños y mujeres golpeados, así como algunos reporteros, fue el saldo de una gresca que se presentó entre Policía Municipal y ambulantes miembros de la organización “20 de Noviembre”.Y es que 40 personas bloquearon por minutos la avenida Juan de Palafox y Mendoza, y ahí denunciaron que son víctimas de extorsión por parte de dos trabajadores del área de Registros y Fiscalización.
Posteriormente Policía Municipal “Grupo Delta”, replegó con lujo de violencia y arremetió contra los manifestantes sin importarles quienes fueran.
Los policías pegaron a mujeres y menores de edad que participaban en la manifestación, al igual que a reporteros que fueron confundidos con manifestantes, quienes pese a mostrara su acreditación fueron golpeados. Jorge Aguilar Rosales, quienes es líder de los ambulantes corroboró que los uniformados –sin dialogar- los retiraron con lujo de violencia.
Asimismo notificó que cinco de sus miembros fueron aprehendidos, entre ellos un menor de edad. A la par dijo que se llevaron tres vehículos de su propiedad, los cuales fueron usados para bloquear la avenida Juan de Palafox y Mendoza. “Todo se originó porque Clemente Gómez y Mauro Nava, del área de Registro y Fiscalización, nos pidieron 12 mil pesos para que los dejaran trabajar en la zona de Veana, pero como no quisimos entonces los mismos funcionarios les advirtieron que se tenían que atender a las consecuencias”.
Criticó la actitud represiva del gobierno Dogerista y exigió al edil una audiciencia para una pronta reubicación y la sanción inmediata de los elementos de registro y fiscalización. Finalmente agregó que por varias ocasiones son víctimas de represión por parte de los elementos quienes sin importarle que sean mujeres o niños arremeten contra todos.
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