Investigan a alcalde

Un lodazal, en la cuenta pública de Tlatlauquitepec
EL OFS emitió pliegos del ejercicio fiscal 2006 por 38 millones de pesos
Efraín Núñez Calderón/Cambio

Antes de dejar el cargo, José Doger Corte propuso a la Comisión Inspectora del Congreso del estado, representada por el diputado Cutberto Cantorán, iniciar un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de Porfirio Loaeza

La Cuenta Pública de Porfirio Loaeza Aguilar, edil de Tlatlauquitepec, tiene pliegos de observaciones por más de 38 millones de pesos, razón por la cual el alcalde podría ser inhabilitado, ya que el Congreso del estado comenzará en breve un procedimiento de determinación de responsabilidades en su contra.

Documentos del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) en poder de Cambio dan muestra de que la anomalía de mayor gravedad cometida por este político es la falta de documentación del proceso de licitación para la modernización y ampliación del camino Jalacinguito-Xonocuautla —observación que asciende a más de 8 millones de pesos—, irregularidad de las que esta casa editorial dio cuenta en febrero pasado.

No obstante, ésta es sólo una de las innumerables faltas que el OFS observó en el desempeño del ayuntamiento priista de Tlatlauquitepec durante el ejercicio fiscal 2006. Y es que en la cuenta pública de Loaeza en el año referido, existe una diferencia entre el estado de posición financiera e inventario de obras en proceso y terminadas, omisión que asciende a los más de 6 millones de pesos.

Asimismo, existen saldos finales sin comprobar en las siguientes cuentas por cobrar: 00060002, 00060007 y 00060019. Por si fuera poco, omitió comprobar las aportaciones del Ramo 33 con un importe de 112 mil pesos.

Por esta razón, antes de dejar el cargo, José Doger Corte, ex titular del OFS, propuso a la Comisión Inspectora del Congreso del estado, representada por el diputado Cutberto Cantorán Espinosa, iniciar un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de este alcalde.

Las pruebas que hunden a Loaeza

El pasado 14 de febrero de este año, el quintacolumnista Mario Alberto Mejía publicó en Cambio que en 2005, de manera irregular, el Comité de Obra Pública de Tlatlauquitepec —cuyo presidente es el edil Porfirio Loaeza Aguilar— dejó fuera de la licitación de la modernización y ampliación de la carretera alimentadora Jalacinguito-Xonocuautla, a las empresas ACG Global SA de CV y Constructores Civiles e Industriales SA de CV.

Ambas firmas presentaron una queja ante la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública (SFP), misma que falló a su favor el 17 de octubre de 2005, decretando la nulidad de la licitación y obligando al ayuntamiento a reponer el proceso. De igual forma, conminó a Fernando Soto Carmona, ex contralor, a implementar las medidas que eviten que se incurra en estas irregularidades, “mismas que restan transparencia y legalidad a los procedimientos de contratación.”

Con esta resolución se confirmó que el ayuntamiento había desechado ilegalmente la propuesta de las empresas citadas. Hay que decir que la adjudicación se le otorgó el 9 de septiembre de 2005 a la empresa Pagasa Construcciones SA de CV, de Salvador Gómez Galeana.

Entrevistado por Cambio días posteriores a la publicación de estas revelaciones, el edil Loaeza y Jesús Antonio Carlos Ramírez, encargado de despacho de la Contraloría municipal, se contradijeron respecto de estas irregularidades. El alcalde aseguró que el conflicto quedó resuelto con la culminación de la obra, mientras que el contralor manifestó que aún no se concluye la Controversia Constitucional emprendida por dicha comuna contra la decisión de la SFP. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló contra este ayuntamiento como consta en documentos en poder de este diario José Doger Corte, titular del OFS, se ha negado a dar una postura oficial al respecto, sin embargo, como consta en documentos oficiales de este órgano, el mismo Doger Corte rubricó la aprobación de las cuentas públicas de este municipio, pese a que el ayuntamiento desacató una orden del ejecutivo federal.

Loaeza no acreditó interés jurídico

Sin acreditar interés jurídico, el ayuntamiento de Tlatlauquitepec emprendió varios procedimientos en contra de la decisión de la SFP. El primero de ellos fue en noviembre de 2005 ante la propia secretaría, instancia que desechó el recurso de revisión, debido a que esta estrategia jurídica sólo puede ser presentada por particulares, “ya que de otro modo serviría para hacer actos irregulares de autoridad.”

Al respecto, Jesús Antonio Carlos Ramírez, encargado de Despacho de la Contraloría —ante la salida de Fernando Soto Carmona, quien dejó su cargo para buscar un puesto de elección popular en el proceso electoral de 2006— reconoció que el ayuntamiento de Tlatlauquitepec no tuvo nunca ningún interés jurídico en este proceso.

El argumento principal de la SFP fue que la comuna no podía adjudicarse el carácter de interesada, ya que el recurso de revisión sólo puede ser interpuesto por quien tiene interés jurídico para que se revoque la resolución de una inconformidad resuelta por la dependencia, y le recordó al alcalde que su carácter debe ser imparcial.

No obstante, Loaeza emprendió un amparo indirecto en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Con este amparo se solicitó la Suspensión Provisional y Definitiva de la sanción impuesta por la SFP, sin embargo, la justicia falló nuevamente en contra de la comuna.

Los artilugios legales no culminaron allí. Loaeza interpuso un recurso de revisión, mismo que perdió y el 6 de junio de 2006 se dictó la sentencia que puso fin al juicio de amparo en la que se sobresee el juicio por improcedente, causando ejecutoria el 27 de junio de ese año.

Documentos en poder de este diario evidencian que Loaeza, a través de la sindicatura municipal, emprendió una nueva y última estrategia promoviendo una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que a la postre perdería, en función de que el máximo órgano de justicia en el país falló a favor de las disposiciones de la SFP.

Aunque el ayuntamiento rechazó haber perdido este procedimiento, asegurando que no hay una sentencia final, por lo que se negó sin fundamentos legales a reponer el procedimiento de licitación, la justicia federal emitió su sentencia final.

El pleno de la Corte determinó: “Pimero.- Se sobresee en la presente controversia constitucional respecto de la Resolución 115.5.2645 dictada con fecha diecisiete de octubre de dos mil cinco, por el encargado provisional del despacho de la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal, por la que se resuelve la inconformidad 518/2005 Segundo.- Se reconoce la validez constitucional de la resolución de fecha siete de diciembre de dos mil cinco, librada por el subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal.”

El Congreso revisó con lupa la cuenta pública

El 28 de febrero pasado, Víctor León Castañeda, miembro de la Comisión Inspectora del Poder Legislativo local —hoy candidato a presidente municipal por San Martín Texmelucan— vaticinó que Porfirio Loaeza Aguilar podría ser inhabilitado de su cargo por el Congreso del estado, además de no ser aprobada la cuenta pública de este municipio correspondiente al 2006, en función del cúmulo de irregularidades registradas en el proceso de licitación de la carretera Jalacinguito-Xonocuautla, así como por incumplir una orden de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En entrevista para Cambio, el entonces líder de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso local aseguró que la Comisión Inspectora abriría una línea de investigación a partir de los reportajes publicados en este diario, en los que se detallan las irregularidades mencionadas.

En tanto, más anomalías continuaron surgiendo en este escándalo, al confirmarse que Jesús Antonio Carlos Ramírez, encargado de Despacho de la Contraloría municipal, era a la vez funcionario público y miembro de la firma de abogados Blancarte y Asociados, situación que representa una violación a la Ley de Servidores Públicos.

El pasado 21 de febrero Cambio publicó que la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública (SFP) decidió decretar la nulidad del proceso de licitación de la carretera Jalacinguito-Xonocuautla, por lo que el edil Porfirio Loaeza Aguilar tiene que devolver a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) cerca de ocho millones de pesos, que es el costo la obra.

No obstante a lo anterior, y pasando por alto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en su contra en la Controversia Constitucional que promovió ante el máximo tribunal, Porfirio Loaeza Aguilar, presidente municipal de Tlatlauquitepec, se negó a reponer el proceso de licitación.

Desde ese entonces el OFS ha emitido diversas observaciones al Ayuntamiento de Tlatlauquitepec con relación a la realización de la carretera, debido a la falta documentación referente a la licitación, la existencia de saldos sin comprobar, además de que la Comuna no informó al OFS de los juicios que promovió contra la federación.

Ante este cúmulo de anomalías, Víctor León Castañeda, miembro de la Comisión Inspectora, urgió en febrero que el Congreso comenzara una investigación, “la cual podría culminar en la destitución del edil Loaeza y en la no aprobación de la cuenta pública”, con la implicación jurídica penal que acarrearía, en caso de comprobarse la responsabilidad del servidor público.