Las anomalías en los seguros de vida, culpa de Finanzas y la SEP: Gustavo Espinosa
Ignacio Juárez Galindo/e-consulta
Ignacio Juárez Galindo/e-consulta
El secretario general de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gustavo Espinosa Vázquez, se deslindó de cualquier irregularidad en la operación del seguro de vida contratado para más de 16 mil docentes estatales y responsabilizó a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de las “omisiones” e irregularidades reportadas en el pago de la prima de seguro.
Indicó que la dependencia es la única responsable de retener el 2.7 por ciento del salario de los maestros y pagar directamente a la compañía de seguros Banorte Generali, de ahí que el sindicato no tiene ninguna relación en el reporte de asegurados ni sus indemnizaciones.
Es más, aseguró que las acusaciones en su contra de haber fraguado un millonario fraude con el seguro de vida responde a tres circunstancias: a la campaña electoral debido a que fue designado como candidato a diputado plurinominal del Partido Nueva Alianza; a la sucesión en la dirigencia del SNTE 51, a efectuarse en enero del 2008; y a la guerra entre compañías aseguradoras para hacerse de la prima del magisterio.
Sin embargo, el dirigente magisterial afirmó que todas las omisiones detectadas fueron “involuntarias” y todos los beneficiarios han recibido sus pagos, por lo que actualmente no existe ningún problema con la operación del seguro. Aseguró que una muestra de eso es que no hay ninguna queja presentada ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios Financieros.
La historia del fraude
La historia del fraude
e-consulta difundió hace unos días que Gustavo Espinosa habría fraguado un millonario fraude con el seguro de vida contratado para los docentes estatales, denominado “seguro adicional”. Según se desprende de documentos oficiales, el líder sindical trianguló recursos, rasuró el listado de asegurados y modificó sus claves para supuestamente obtener jugosas ganancias.
Incluso, tomó la decisión de cambiar, sin previo aviso ni consentimiento de sus agremiados el porcentaje de aportación (subió de 2.5% a 2.7%) y a la compañía aseguradora. Las anomalías fueron descubiertas luego de que cuatro docentes perdieran la vida y sus familiares exigieran el pago de la indemnización.
Una situación similar ocurre con el seguro de vida otorgado por la SEP estatal a los más de 40 mil docentes estatales. Tanto en la sección 51 como en la dependencia, la empresa que ofrece la prima de seguros es Banorte Generali.
Yo no fui, fue Finanzas
A decir de Gustavo Espinosa, el seguro de vida adicional arrancó en la gestión del ex dirigente Guillermo Aréchiga y ha habido diferentes cambios de compañías. Al arribar a la sección 51, agregó, fue notificado por Seguros Inbursa que la empresa Zurich sería la responsable de realizar el reaseguramiento de los docentes y, posteriormente, cambió a
Seguros Banorte Generali
El cambio a Banorte Generali, el incremento a 2.7% de la aportación para el seguro y la reducción de 95 semanas de salario, en lugar de 100 semanas, de indemnización en caso de fallecimiento fue aprobado por el pleno de la sección 51 del SNTE, el 26 de diciembre de 2006, luego de que se realizó un exhaustivo análisis sobre las opciones que ofrecían otras compañías.
La reducción de la indemnización y el incremento de la aportación, apuntó, se debió a que la aseguradora pretendía excluir del beneficio a mil 500 trabajadores jubilados y, a cambio, de esas medidas aceptó incluirlos en la prima. Sostuvo que existen documentos oficiales y actas donde se demuestra que no fue una decisión unilateral sino aprobada por unanimidad en el pleno de la sección 51.
De acuerdo con el dirigente sindical, desde que arribó a la sección 51 tomó la decisión que la SFA fuera la instancia encargada de retener el dinero que aportan los trabajadores al seguro y pagar directamente a la empresa asegurada. Con esta medida, dijo, se evitó cualquier especulación en el manejo de los recursos y se dio transparencia.
Refutó que los cheques difundidos por e-consulta, emitidos en enero del 2006, sobre el pago que realizó a la empresa Banorte Generali por la cantidad de un millón de pesos sea una prueba de la triangulación de recursos. Se trata, señaló, de un pago que se debió realizar a la compañía y el dinero había sido depositado a la cuenta de la sección 51, como se acostumbraba anteriormente.
Gustavo Espinosa, además, responsabilizó a la SFA de las “omisiones” detectadas en varios profesores, como fue haber rasurado del padrón de asegurados y el pago de indemnizaciones por montos muy inferiores a los que los docentes devengaban.
“Si hay una rasurada de los salarios es responsabilidad de Finanzas, si existiera, pero es difícil que se ponga la Secretaría de Finanzas a reducir salarios, todos es por sistema, no se puede… pudiera haber omisiones, pero no es intencional”, aseveró.
No hay investigación del SNTE
Espinosa Vázquez rechazó que las denuncias publicadas sobre el presunto fraude hayan sido investigadas por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, además de que cada año ofrece un informe pormenorizado al pleno seccional y delegados sindicales sobre la operación del seguro, el fondo del retiro y las cuotas sindicales.
“Han sido puras especulaciones, se trata de una cuestión mediática y para atacarme políticamente. ¿O por qué sale publicado un día después que me envían al número uno de la lista de plurinominales (por el PANAL)?”, subrayó.
Gustavo Espinosa informó que será después de las elecciones del 11 de noviembre cuando presentará un informe público sobre el fondo de retiro y seguros para que los maestros y la opinión pública sepan que no existe ninguna anomalía.
Por otra parte, el dirigente se deslindó de recomendar a la SEP estatal contratar a Banorte Generali para que ofreciera un seguro de vida a los trabajadores de la educación. La dependencia, abundó, licitó el contrato y esa compañía presentó la mejor propuesta.
En el caso de su cuñado Isidoro Isaac Martínez Salinas, reconoció que no apareció en la lista de beneficiarios del seguro otorgado por la SEP, pero la situación se corrigió inmediatamente.
Afirmó que el talón de pago de los trabajadores es la principal prueba de que son beneficiarios del seguro y con eso los familiares pueden reclamar la indemnización.
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