Consignan a judiciales por homicidio en PGJ

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) consignó a los tres elementos de la Subdirección Operativa Metropolitana como probables responsables del homicidio del empresario Ricardo Ramírez Rodríguez en los separos de la PGJ, y por el secuestro de su hermano, Antonio Ramírez
Alfonso Ponce de León Salgado/ Foto Alfredo Fernández/Intolerancia

La procuradora Blanca Laura Villeda Martínez se “lavó las manos” del caso de homicidio, abuso de autoridad y secuestro en el que se encuentran implicados dos jefes de grupo y dos agentes de la Policía Judicial del estado (PJE) y ayer mismo instruyó a su directora de Averiguaciones Previas Metropolitana Sur, Rocío Montero Valencia, para que el expediente AP/020/2008/DMS-II —una “papa caliente”— fuera consignada al juez Primero de lo Penal a fin de que determine si existe o no delito.

En un escuelo boletín de prensa, la procuradora informó que a partir del miércoles la suerte de Edgar Rolando Contreras Chang y José Díaz Salinas, presuntos responsables de la muerte del empresario Ricardo Ramírez Rodríguez y de Carlos López Quiterio, sospechoso de los delitos de abuso de autoridad y secuestro, en agravio del empresario Antonio Ramírez Rodríguez, quedaban a manos del juez, quien en un terminó de 72 horas deberá de girar la orden de aprehensión en su contra o bien negarla.

La maestra Villeda tomó la determinación de sacar el expediente de abuso de autoridad, homicidio y secuestro al cumplirse un mes y cinco días del asesinato de Ricardo, ocurrido la tarde del jueves 31 de enero en el interior de los separos de la Policía Judicial del Estado y del secuestro de su hermano Antonio Ramírez, perpetrado a manos de elementos de la PJE, sin esperar el tercer peritaje con relación a la necropcia que le fue practicada.

Versiones desde la misma Dirección de Averiguaciones Previas indican que el Ministerio Público aún no terminaba de integrar sus investigaciones, amén de que faltaba también que comparecieran los afectados y que se presentaran otras pruebas.

El viernes los tres servidores públicos podrían ser trasladados al Cereso de San Miguel.Cuando se enteraron que mi hermano había muerto me intentaron asesinar: ARR5 de febrero Dos declaraciones que obran, la primera en el Ministerio Público de Atlixco y la segunda en la Dirección de Averiguaciones Previas Metropolitana Sur, de Antonio Ramírez Rodríguez, propietario de varias empresas, entre éstas una de seguridad privada, echan por tierra el informe de los dos agentes de la PJE, en el sentido del lugar y la hora de la detención; incluso dejan en claro que fueron al menos cuatro los agentes que podrían estar involucrados en un caso de tortura y homicidio.

Antonio dice que fue a las 12:30 horas del jueves y no a las 15:00 horas, que su hermano Ricardo y él mismo fueron detenidos por un grupo de agentes de la PJE, cuando salieron del hospital Ángeles, en la zona Angelópolis, ambos iban a abordar el vehículo Mondeo de color plata, propiedad de la esposa de Antonio, cuando dos sujetos descendieron de un vehículo Pointer de color negro, les dijeron que eran judiciales y que iban a revisar la unidad.

En esas estaban cuando se acercó un segundo vehículo, Antonio no sabe si fue un Topaz o un Cavalier de color rojo, pero de esta unidad bajaron otros dos sujetos que se llevaron por la fuerza a Ricardo, en tanto que a él lo pasaron a la parte trasera de la unidad, lo obligaron a que se acostara en el piso de la misma y le pusieron encina tres chamarras; el conductor le ordenó que no se moviera o le iba a meter un balazo en la pierna y lo iba a amarrar.

El mismo conductor le dijo que “ya no se hiciera pendejo” que no encubriera a su hermano, que estaba enterado de todo lo que hacía y que desde el sábado 26 de enero ya los estaban siguiendo.

Le dijo que a él y a su hermano los vieron salir de su casa llevando motos acuáticas, que estuvieron en Valsequillo y que después se fueron al Gotcha, luego le afirmó haber visto a su hermano sacar de su casa una Voyager de color verde, sin placas, pero Antonio le aclaró que esa unidad es propiedad de su vecino, a quien sólo conoce como Jerry.

El agente que estaba interrogando —el que iba al frente del volate— le dijo que ya sabían que su hermano Ricardo había asaltado un Telcel y que había llegado en una Lincon Navigeitor, pero las fechas no coincidían, ellos habían comprado esa camioneta entre el 10 y 11 de enero y esta misma había cruzado la frontera el 8, sin embargo el asalto se había reportado antes.

El interrogador volvió a decirle que por estar encubriendo a su hermano ya había pasado a perjudicar a Alfonso Domínguez —uno de sus amigos— y que lo iban a ir a detener, todo por “andarse metiendo en pedos”.

Alfonso y su esposa, dice Antonio Ramírez, se dedican a la venta de muebles rústicos. Antonio no sabía a dónde lo llevaban cuando el mismo agente que lo interrogaba le dijo que le diera los 500 mil pesos que su hermano tenía guardados en su casa.

El dinero —le explicó el judicial— era propiedad de Pepe Kaufman, otro de sus vecinos, y que éste se los había robado y se los había dado a guardar a su hermano, pero éste ya no se los quería regresar y le advirtió que si no le daba ese dinero lo iban a matar.

Una llamada del Matra, la sentencia de muerteLas amenazas y los interrogatorios continuaron por varias horas, Antonio no sabía dónde estaba su hermano ni a dónde se lo llevaban, pensó que iban a meterse a su casa y temía por su vida, les pedía que le compraran dos aspirinas porque se sentía mal y antes había sufrido un infarto.

El judicial que iba al frente del volante del Pointer negro, cada cinco minutos se bajaba de la unidad para efectuar una llamada telefónica, luego regresaba con más amenazas, hasta que una llamada de radio Matra llamó su atención.

Para ese momento el agente conductor era le que amenazaba, el copiloto sólo trataba de controlar las cosas y le decía a Antonio que él no tenía broncas, que todo era por su hermano, sin embargo la llamada lo cambió todo. El agente conductor llegó serio, le dijo a su compañero en clave “62” y luego “64”, fue cuando el copiloto se bajó de la unidad y trajo de la cajuela una cobija que hecho encima de Antonio y le dijo: “yo sí te meto un plomazo si te mueves”.

Antonio narró a Intolerancia Diario que en esos momentos sintió que iba a morir, los agentes ya no se comunicaban entre ellos, ya no había amenazas, la radio Matra trasmitía conversaciones entre agentes, con todo y claves y Antonio sintió que lo estaban sacando de la ciudad, les preguntó si se trataba de un secuestro y uno de ellos le dijo “no digas pendejadas”.

Hubo un instante que Antonio tomó fuerzas, aprovechó que los agentes estaban preocupados y bajo lentamente la ventanilla del asiento trasero del conductor, la puerta no tenía palanca, por lo que cuando sintió que la ventana había bajado en su totalidad le aventó las chamarras y las cobijas la los agentes, sacó medio cuerpo por la ventanilla y comenzó a gritar: “me quieren secuestrar”.

Los agentes no pudieron controlarlo ni hacer nada, para ese momento cinco o seis personas que estaban frente a un restaurante les gritaban, “ya los vimos”, fue cuando los dos judiciales se subieron a su vehículo, se dieron vuelta en U y regresaron, Antonio se había salvado.

Pretende la PGJ ensuciar la reputación de un sospechoso para justificar su muerte 11 de febrero A menos de 24 horas de que la procuradora general de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, comparezca ante el Congreso del estado para informa sobre la persecución de los delitos durante el año del 2007, ya existe un plan para que la institución se “lave las manos” tras la muerte de Ricardo Ramírez Rodríguez, ocurrida la tarde del jueves 31 de enero pasado.

A través de la oficina de Prensa, la procuradora Villeda Martínez convocó a los reporteros de diarios locales y nacionales, además de radio, internet y televisión para darles a conocer su postura sobre lo ocurrido a Ramírez Rodríguez, muerto como consecuencia de asfixia por broncoaspiración, en esta postura se prevé que la institución se va a justificar en los antecedentes que ahora occiso tuvo y que nunca le fueron comprobados en una sentencia. Además de que la PGJ va a echar mano de la ficha de antecedentes de Ricardo Ramírez Rodríguez, también va a respaldar el trabajo de investigación realizado por los médicos José Luis Flores Contreras y la doctora María del Carmen Castaneira, en el sentido de que al cuerpo de Ricardo sólo le fueron halladas dos lesiones leves y que sus ropas no presentaban huellas que indicaran algún hecho violento.

A partir de las 12:00 horas del lunes la procuradora va a informar que Ricardo Ramírez Rodríguez, alias “El Güero”, “El Richard” o “El Demonio de Tazmania”, ingresó al penal de San Miguel el 26 de febrero de 2003, a disposición del juez Quinto de lo Penal, como presunto responsable del delito de robo y que salió bajo fianza el 14 de febrero de 2003, sin que tuviera otro ingreso más por esta felonía.

Va a informar que Ricardo Ramírez el 15 de julio de 2001 fue vinculado con la muerte de Armando Reynosa Vega, radicada en la averiguación previa 087/2001/AEH/2, sin que le pudieran probar si participó o no.

Que Pedro Pérez Rollo, vecino de la 24 Sur 2701 lo denunció por el delito de robo, dentro de la averiguación previa 3298/2002/Oriente.Que dentro de la averiguación previa 3135/2002/Oriente fue investigado por robo calificado, ocurrido el 13 de febrero del mismo año.Que dentro de la averiguación previa 590/2004/Oriente, le abrieron otra indagatoria por daño en propiedad ajena intencional.

Que se encargaba de distribuir drogas en las “narcotiendas”, ubicadas en la 4 Oriente 3007 del barrio de Santa Barbara, en la 30 Norte 605 y en la 26 Norte 631, donde sus jefes directos eran los hermanos Silvetti y donde pese a todos estos datos nunca hicieron nada por detenerlo.De todos estos señalamientos se espera que también la PGJ informe del terminó de todas estas investigaciones.

Contra su voluntad, la procuradora arraiga a tres de sus consentidos 14 de febrero

La procuradora Blanca Laura Villeda Martínez al final cedió, la presión que resintió en su comparecencia en la 57 Legislatura del Congreso del estado, donde los diputados de todos los partidos políticos le recriminaron su abulia en las investigaciones por la muerte del empresario —para ella delincuente— Ricardo Ramírez Rodríguez, amén de los señalamientos de organismos de derechos humanos y “los periodicazos” la llevaron a solicitar el arraigo de tres de sus consentidos.

Dueña de una sonrisa irónica, la maestra Villeda leyó su segundo comunicado del caso de los hermanos Ramírez Rodríguez y al término aceptó responder a todas las preguntas de los reporteros, dejando en claro que tiene amplia confianza en los tres arraigados, los jefes de grupo Carlos López Quiterio, José Díaz Salinas y el agente Rolando Contreras Chang, acusados, el primero por secuestro y los segundos por homicidio calificado y los tres por abuso de autoridad.

La procuradora también aclaró que la solicitud, a través de la Dirección de Averiguaciones Previas Metropolitana Sur, al juez Primero de lo Penal, de solicitar el arraigo de los tres agentes judiciales, actualmente suspendidos de sus funciones, fue para acallar las presiones en su contra, aunque también dijo: “no se trata de presiones, es una manera en que nosotros estamos garantizándole a la sociedad que se va a actuar con estricto apego a Derecho y que los elementos de la PJE arraigados no se van a dar a la fuga”.

La dueña del despacho principal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) reconoció que están investigando todo, incluso el homicidio por el que se había iniciado una investigación en contra del extinto Ricardo Ramírez, amén de que dijo que ella como juez conoció del caso y sentenció a uno de cinco responsables a una pena de 50 años de prisión.

A la pregunta de si Antonio Ramírez Rodríguez tenía alguna averiguación previa en su contra dijo, con esa sonrisa irónica, “todavía no”, lo mismo hizo cuando le preguntaron que si este mismo personaje tenía antecedentes penales.

Las frases de una procuradora que no admite presiones

“Por las imputaciones que está haciendo el señor Antonio Ramírez Rodríguez y para garantizar que no estamos protegiendo a nadie, que se va a actuar con estricto apego a Derecho y que no hay posibilidad alguna que se den a la fuga como se estuvo manejando.”

“El arraigo es porque está en proceso una investigación para evitar que se den a la fuga se solicita el arraigo por el delito de homicidio, eso no significa que ya esté plenamente acreditado el delito y tampoco que esté probada la probable responsabilidad, sin embargo para evitar suspicacias, para evitar rumores se está tomando esta medida y los elementos que les acabo de mencionar van a estar arraigados en lo que se lleva a cabo esta investigación.”

“En el comunicado que di —la primera no conferencia de prensa del caso— comenté que el señor Antonio Ramírez había señalado a un elemento de la PJE como una de las personas que lo había privado de la libertad, por ese solo señalamiento se pidió el arraigo.”

“No se trata de presiones, es una manera en que nosotros estamos garantizándole a la sociedad que se va a actuar con estricto apego a Derecho y que los elementos de la PJE arraigados no se van a dar a la fuga.”

“Mi renuncia es algo que va a decidir el señor gobernador, a mí no me ha comentado nada, así es que mientras no ocurra eso yo seguiré trabajando como lo he venido haciendo siempre, con absoluta ética con imparcialidad y objetividad.”