Irregularidades pero solo chivos expiatorios de segundo nivel

Sin tocar a servidores públicos de alto nivel, la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) inició procedimientos contra exfuncionarios y empleados en activo de la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Desarrollo Social (SDS), por irregularidades encontradas en la pasada administración a cargo de Mario Marín Torres.

La titular de la dependencia Irma Patricia Leal Islas informó que se iniciaron procesos administrativos y penales contra siete funcionarios menores por actos de corrupción, en las áreas de Protección Civil, Seguridad Vial y del Registro Público de la Propiedad.

Debe señalarse que desde el año anterior, durante los dos últimos años de la administración marinista, los medios informativos publicaron presuntas irregularidades en las áreas de infraestructura, salud, desarrollo social y educación pública. Siendo señalados reiteradamente sus títulares; Javier García Ramírez, Alfredo Arango García, Darío Carmona García, Estefan Chidiac, Alejandro Armenta Mier, Javier López Zavala, Juan Carlos Lastiri Quirós y Juan Manuel Vega Rayet.

No obstante que se hicieron señalamientos públicos, serán sancionados, perseguidos o denunciados, funcionarios de segundo y tercer nivel, quienes presuntamente habrían cometido las irregularidades y no sus titulares, que por la carga administrativa, sería imposible una puntual supervisión.

El actual titular de la Secretaria de Salud, Jorge Aguilar Chedraui, reveló que existen observaciones en el manejo de más de 600 millones de pesos ejercidos en 2010, situación de la que dio vista a la Sedecap.

En la SEP Patricia Leal confirmó que se detectaron irregularidades desde que inició el proceso de entrega-recepción, y se iniciaron los procedimientos administrativos. El actual secretario Luis Maldonado Venegas admitió esta semana que las anomalías involucran recursos “millonarios”, sin precisar los montos.

Patricia Leal destacó la puesta en marcha del programa “Ciudadano Encubierto”, que pretende erradicar la corrupción en todas las dependencias a través de las denuncias de los habitantes. A 90 días de haber iniciado el actual gobierno, son siete los funcionarios públicos que ha sido consignados.