2012-04-04 | Tepexi de Rodríguez, Pue.- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) informa que a raíz de los hechos acontecidos el día de ayer en la comunidad de Cuatro Rayas, perteneciente al municipio de Ixcaquixtla, en la agencia del Ministerio Público de Tepexi de Rodríguez se abrió la averiguación previa 102/2012/Tpx, bajo la cual se indagará si existe alguna responsabilidad tanto de particulares como de servidores públicos por lo ocurrido.
Al filo del medio día elementos de la Policía Ministerial del estado que tienen asignado dar cumplimiento a una orden de aprehensión contra un poblador de Cuatro Rayas, tuvieron a la vista a un hombre cuyas características físicas coinciden con los rasgos de la persona buscada, por lo que le pidieron se identificara pero el sujeto respondió de manera violenta, se opuso y arrojó piedras de considerable tamaño a una camioneta oficial, causándole diversos daños.
En consecuencia, los agentes investigadores controlaron al individuo y lo trasladaron a la comandancia, lugar donde éste proporcionó al menos tres nombres falsos, aunque, hoy se sabe, se llama Andrés Ambrosio Mota y cuenta con 21 años de edad.
Mientras se realizaba el proceso de revisión de datos llegaron a la comandancia representantes y gente de la comunidad –aproximadamente 150 personas-, quienes entraron y agredieron al personal que ahí se encontraba, además de causar daño a las instalaciones, vehículos oficiales y radios de comunicación de la Policía Ministerial, logrando de esa forma liberar a Ambrosio Mota.
Ante el riesgo fue necesaria una pronta operación de rescate y salvaguarda de los agentes, por lo que se trasladó al lugar un grupo de Policías Ministeriales encabezado por el Director de la corporación, Juan Luis Galán Ruiz, quienes sacaron al personal y lo trasladaron a la agencia del Ministerio Público de Tepexi de Rodríguez donde se inició la averiguación previa.
Queda de manifiesto que las operaciones por parte de la Policía Ministerial en todo momento han sido apegadas al orden jurídico y total respeto a los derechos humanos, como un acto de autoridad que debe ser observado y respetado sin excepción alguna.
Con el avance de las investigaciones la PGJ estará en posibilidad de determinar responsabilidades, garantizando que se actuará conforme a la ley.
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