2012-06-05 | Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) integra una averiguación previa por delincuencia organizada contra el juez primero de distrito con residencia en Michoacán, Efraín Cázares López, y el magistrado del tercer tribunal unitario en materia penal en la Ciudad de México, Jesús Guadalupe Luna Altamirano, revelaron funcionarios de la institución y del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, la medida cautelar fue negada al agente del Ministerio Público federal por carecer de elementos. Los inmuebles que pretendía revisar la SIEDO se localizan en Michoacán y forman parte de diversos señalamientos contra el juzgador.
Hasta el momento ninguno ha sido requerido para declarar en la PGR, dependencia que integra la pesquisa por presuntamente beneficiar con sus fallos a integrantes del crimen organizado.
Los funcionaros no aclararon en qué casos se cometieron los delitos indagados, si bien ambos juzgadores han llevado juicios relevantes sobre narcotráfico.
En septiembre de 2010 la PGR presentó una queja en el Consejo de la Judicatura Federal contra el juez Cázares López, quien liberó a los acusados del michoacanazo, ya que dictó criterios contrarios a jurisprudencias y superiores jerárquicos, además de que estuvo a punto de dejar libre a Luis Servando Gómez Patiño, El Pelón, hijo Servando Gómez Martínez, La Tuta, operador de La Familia (hoy Los caballeros templarios).
Así lo anunció el entonces procurador Arturo Chávez Chávez, quien señaló que el juez primero de distrito se excedió en sus facultades al dictar resoluciones contrarias a la ley.
“No coincidimos con los criterios, el manejo y resoluciones del juez con sede en Morelia, Michoacán; creemos que en algunos casos se ha excedido y por esa razón interpusimos una queja ante el Consejo de la Judicatura”, dijo.
Una de esas irregularidades, explicó la entonces titular de la SIEDO, Marisela Morales Ibáñez, fue acumular el proceso del hijo de La Tuta al de los ex servidores públicos de Michoacán, a petición de Luis Servando, quien se encontraba sujeto a proceso penal en un juzgado de Nayarit.
Asimismo, el juez emitió fallos contrarios a tribunales unitarios que dieron valor probatorio a declaraciones de dos testigos colaboradores que no contaron con abogado, porque no fueron detenidos, sino que se presentaron voluntariamente a la PGR, pues sabían que iban a ser asesinados por la agrupación delictiva.
En febrero de 2011 el magistrado Luis Fernando Aguilar, titular del segundo tribunal unitario del decimoprimer circuito de Morelia, revocó la resolución de Cázares López que favorecía a El Pelón.
Por su parte, el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano absolvió en agosto de 2011 a Sandra Ávila Beltrán, La reina del Pacífico, y a su pareja sentimental, Juan Diego Espinosa Ramírez, El Tigre, de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud.
El impartidor de justicia concluyó que no había pruebas de que la mujer estuviera ligada a la introducción de ocho toneladas de cocaína al buque Macel, en diciembre de 2001, en Manzanillo, Colima. Menos que su fortuna fuera producto del lavado de dinero derivado de la venta de drogas.
Asimismo, en abril de 2008 el magistrado exoneró a Archivaldo Iván Guzmán Salazar, El Chapito, hijo del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, así como a otros familiares del capo, del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El magistrado dejó claro que su sentencia fue apegada a derecho, pues no había pruebas que revelaran que el joven era delincuente, además de que el fallo que lo condenó en febrero de ese año a cinco años de prisión por dicho ilícito tenía inconsistencias.
Fuera del cargo
El viernes pasado, el pleno de la Judicatura dio a conocer que suspendió de sus funciones a Cázares López y Luna Altamirano.
“La decisión se adoptó como medida cautelar temporal que no prejuzga, pero permitirá continuar con las investigaciones en curso y que se llevan a cabo por separado, en torno a la posible comisión de conductas irregulares”, señaló.
Precisó que la suspensión obedeció a denuncias por veredictos que dictaron el juez y el magistrado, por lo que es ajena la investigación que realiza la PGR.
El consejero de la Judicatura, César Esquinca Muñoa, aclaró que la suspensión no derivó de una petición de la PGR, sino que ambos fueron señalados por inaplicación de normas y jurisprudencias.
“Son cuestiones diferentes: la suspensión del magistrado obedeció a problemas internos, la investigación que haremos nosotros es respecto a la posible responsabilidad en materia administrativa disciplinaria; la cuestión penal, la averiguación, es cuestión del Ministerio Público; no tiene que ver una cosa con la otra, son cosas independientes”, apuntó.
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