- Según el Heraldo de Puebla un secretario de Acuerdos del Juzgado de Distrito extorsiona a litigantes.
2012-09-14 | Puebla, Pue.- Continúan las acusaciones en contra del secretario de Acuerdos del Juzgado Décimo Primero de Distrito, Juan de Dios Uri Israel Téllez García, a quien abogados consultados por este medio señalan como un funcionario que se dedica a pedir dinero a cambio de "favorecerlos" con sentencias.
En esta semana, en la colaboración del columnista Adrián Ruiz se ha dado a conocer la serie de irregularidades en las que presuntamente incurre el trabajador del Poder Judicial de la Federación, quien al parecer solicita a sus "clientes" desde 80 mil hasta cantidades por arriba del millón y medio de pesos, dependiendo del tema que se trate.
Abogados comentaron a este medio que esta práctica es común, tanto, que el dinero del que se allegan los servidores públicos les alcanza para comprar casas de 10, 15 y 20 millones de pesos, además de que adquieren autos de lujo, como Audi AC y Mercedes Benz, además de motocicletas de marcas reconocidas.
Los abogados, quienes pidieron no revelar sus datos, refieren que los secretarios buscan pasar desapercibidos viviendo en colonias de clase media, pero con enormes bardas que rodean y delimitan sus propiedades.
Por lo menos son 10 abogados los que han reportado estas anomalías, los cuales piden la gracia del anonimato para evitar represalias y que sus representados puedan resultar afectados.
El Heraldo de Puebla acudió ayer al edificio del Poder Judicial de la Federación, para buscar a Juan de Dios Uri cerca del mediodía, pero el funcionario se encontraba realizando una audiencia.
El secretario, tras platicar con un detenido se ausentó por unos minutos, en los cuales esta reportera lo abordó y le comentó las acusaciones en su contra. Mostrándose sorprendido, el secretario comentó que no le era posible dar una entrevista, aunque en principio, antes de hacer dicha especificación, dijo no conocer la acusación y de paso la negó.
El Juez Décimo Primero de Distrito, Jorge Mercado Mejía, también fue localizado, sin embargo no otorgó declaración oficial alguna, ya que las entrevistas deben ser solicitadas vía Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal.
Sin embargo, -en teoría- la ley establece en el Acuerdo General del Pleno de dicha instancia, que reglamenta los procedimiento de responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial, que cuando se hace una denuncia, como la que abogados indicaron a El Heraldo de Puebla, se debe iniciar de oficio una investigación.
En el capítulo V, De las Causas de Responsabilidad Administrativa, concretamente en el artículo 33, se señala que es causa de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, el incumplimiento o contravención a las disposiciones reglamentarias o de los manuales de organización internas, aprobados por el Pleno o la Comisión de Administración; por lo que se harán acreedores a un apercibimiento y/o amonestación pública o privada, suspensión del empleo, sanción económica, destitución del puesto o inhabilitación temporal.
Lo anterior, independientemente de la investigación que pueda iniciar la Procuraduría General de la República (PGR), en la que se indagaría sobre dinero mal habido que pudieran haber obtenido los funcionarios federales.
Y aunque las denuncias se pueden ser anónimas, lo cierto es que los abogados están temerosos de que si dan a conocer los casos específicos o identidades, puedan ser objeto de hostigamiento, por lo cual recurrieron a este medio de comunicación, con la intención de que las autoridades responsables investiguen y sancionen a los funcionarios corruptos.
1 comentario:
San Andrés Cholula, Pué. A 23 de enero 2013
La autonomía del poder judicial, no significa imposición.
Florence Cassez será liberada por la Suprema Corte de Justicia en México, lo que comprueba; que la Autonomía del Poder Judicial, inamovible en el sexenio de Felipe Calderón, por arte de la política, la intervención de medios y sin duda por la conjunción de criterios colegiados, logro; respetando la autonomía del Poder Judicial. Dar luz a los Juzgadores, para encontrar la verdad histórica. En un caso; donde la verdad jurídica, fue el cadalso de la justicia.
Cassez, fue condenada por secuestro y encarcelada hace siete años. El proceso penal, se construyo sobre arena, con irregularidades que llegaron al montaje de escenografía que la inculpara.
No pretendo, justificar su excarcelación ni sumarme al debate sobre su inocencia o culpabilidad. Pretendo, demostrar que el Poder Judicial está lleno de confusión, demora, irresponsabilidad, manipulación y tráfico de influencias.
El caso Florence Cassez, sirve para mostrar que a través de los medios de comunicación, la Lex Artis de la Política y hasta la influencia de una nación extranjera, pueden hacer cambiar los criterios que durante años, mantuvieron a una presunta inocente en la cárcel., o bien; dejar en libertad a una presunta culpable.
Aterrizando el tema en casos nacionales, específicamente el mío: proceso Penal 984/2010, Gustavo Adolfo Vargas González VS Dr. Alfonso Pedraza Aguilera, a quien el Juez Penal Numero Uno en Puebla, dicto auto de formal prisión por el delito de lesiones a titulo de culpa, siendo amparado por el Juzgado Decimo Primero de Distrito del sexto circuito , vale la pena resaltar lo siguiente:
1.- El Juez Penal dicto dos autos de formal prisión contra el indiciado Pedraza Aguilera.
2.- El Juzgado Decimo Primero de Distrito en Puebla, le otorgo el primer amparo al indiciado únicamente para reponer el recurso de medicación que se había omitido por la autoridad ministerial.
3.- El mismo Juzgado, ante el segundo auto de formal prisión dictado contra Pedraza Aguilera, Ampara y protege al infractor del Código de Defensa Social, lo que provoca que el agraviado solicite Recurso de Revisión al Segundo Tribunal Superior de Justica en materia penal en el sexto circuito. Vale la pena preguntase; ¿por qué no le protegió y amparo desde la primera solicitud de amparo?
4.- A través de escritos a los tres poderes de la Unión, y en las redes sociales. El agraviado a pedido que al igual que el caso de Florence Cassez, que la luz brille en el Poder Judicial y se haga justicia, haciendo prevalecer la verdad, ante el criterio particular de un juez que sentencio de manera inmadura..
En otras palabras, puedo comprobar que el debido proceso, en mi caso, solo es más de lo mismo que ya ha dado prueba el Sistema Judicial Mexicano.
Es mentira que la autonomía signifique imposición. La necedad es el refugio de la prepotencia. En México debemos privilegiar la Lex Artis de la Política, para iluminar con la verdad, a los encargados de procurar justicia. . esta es una Responsabilidad del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y mas allá de ellos, de los medios de comunicación que deben estar atentos a encontrar la verdad, entre las mentiras que empañan a nuestro sistema de Justicia.
Es una obligación social, partcipar en estos casos de opacidad judicial, recordando el viejo adagio: “hoy por ti, mañana por mí”.
gustavovargas01@hotmail.com
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