Diputados

En 15 días se han robado 60 tapas de alcantarillas

2013-02-05 | Puebla, Pue.- En los últimos 15 días se han robado 60 tapas de alcantarillas, de acero y concreto, en el Centro Histórico de la ciudad capital, según lo informó Felipe Velázquez Gutiérrez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, motivo por el cual se realizará la denuncia penal correspondiente.

El mobiliario urbano que se han robado ha sido perpetrado por vándalos que comercializan las piezas de acero, aún cuando no se explica la razón o uso que pudieran darle a las tapas de concreto. Señaló que la zona norte del Centro Histórico, entre la 8 y la 20 Oriente-Poniente, es donde primordialmente se ha presentado este fenómeno durante las últimas dos semanas.

Velázquez Gutiérrez indicó que pese a las pláticas que han mantenido con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, hasta el momento no se ha ubicado a los responsables de este presunto acto vandálico.

Las tapas de acero y de cemento se colocan para aislar instalaciones eléctricas, de cableado de empresas de televisión privada, de telefonía, de la Comisión Federal de Electricidad, e incluso para el drenaje sanitario.

Multas y cárcel a quien robe mobiliario urbano 

2012-10-24 | Puebla, Pue.- Multas de 150 a 2 mil días de salario mínimo (120 mil pesos aproximadamente) y cárcel de 3 a 8 años, aprobó el Congreso del Estado como sanciones a quienes roben parte del mobiliario y equipamiento urbano, como cables de cobre y bronce o tapas de alcantarillado o de registro, entre otros.

A través de modificaciones al Código de Defensa Social los legisladores aprobaron tipificar este tipo de delitos, pues anteriormente no estaba contemplado al solamente establecer penas cuantificando el costo de los objetos robados.

Dicha propuesta realizada por la fracción parlamentaria del PAN a través de Juan Carlos Espina Von Roehrich, fue retomada ayer en tribuna luego que fuera pospuesta por acuerdo de cinco de los siete coordinadores legislativos (PRI, PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Partido Verde) en la sesión extraordinaria del pasado 11 de octubre, bajo el argumento de supuestamente requerir más tiempo de análisis.

El análisis panista para impulsar los cambios en la ley, estuvieron basados en que robo de materiales o componentes que conforman los servicios públicos como alumbrado, agua potable, energía eléctrica, drenaje sanitario, drenaje pluvial, señalización vial, urbana o servicio de limpia, entre otros, afecta los derechos de la sociedad en general y causa grave daño y deterioro en la prestación de los mismos.

Acción Nacional consideró que esos delitos, pueden derivar en accidentes graves que pueden poner en riesgo la vida de las personas.

El diputado del PAN, Juan Carlos Espina, sostuvo la necesidad por tipificar este tipo de actos para sentar un precedente y no vuelvan a suceder.

De tal forma, el Congreso aprobó en el pleno la reforma al artículo 374 del Código de Defensa Social quedando en su fracción IV de la siguiente manera: "cuando el valor de lo robado sobrepasare trescientos días de salario, se impondrán de tres a ocho años de prisión y multa de ciento cincuenta a cuatrocientos días de salario".

Asimismo cuando se trate de objetos materiales para la prestación de un servicio público, como sustracción de cable de cobre, alcantarillas o tapas de registro, entonces la multa irá de los 500 a dos mil días de salario mínimo y cárcel de cuatro a ocho años.

Diputados quieren más:

Con respecto a otros temas tratados en la sesión de ayer, se turnó a comisiones el punto de acuerdo expuesto por el legislador del PRD, José Antonio Gali López, para que la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado, analice las quejas de trabajadores reclutados por empresas subcontratadas de Pemex en los municipios de Francisco Z. Mena, Pantepec y Venustiano Carranza.

Afirmó que tiene conocimiento que al menos 70 empleados han sido objeto de despidos injustificados sin liquidación de por medio, motivo por el cual es necesario adentrarse al tema.

Por otra parte, el diputado de Nueva Alianza, Héctor Eduardo Alonso Granados, pidió modificaciones al Código de Defensa Social, para aplicar sanciones de 100 días de salario mínimo, a quienes manejen en estado de ebriedad o bajo los efectos de algún estupefaciente y cause daños materiales.

Los recursos a obtener, indicó que serían destinados a un fondo de asistencia a las víctimas, comprar equipos de alcoholímetros y acondicionar centros de detención preventivos como el llamado "torito" que opera en el Distrito Federal.

Como parte de otros puntos de la sesión ordinaria de ayer, fueron remitidas a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal las iniciativas del Ejecutivo del estado para darle la facultad de enajenar 9 bienes de 6 municipios.