Sigue la disputa por terrenos en San Jerónimo Caleras
2013-08-09 | La disputa por los terrenos que se encuentran localizados en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras ha dejo al descubierto la división existente entre las personas afectadas, las cuales fueron desalojadas el pasado sábado por la fuerza pública, derivado de una orden judicial, pero en el que dos grupos,
que aseguran tener la representación de las familias que ahí asentaron por más de un año y medio sus moradas, buscan afanosamente legitimar su liderazgo para obtener el control y poder de esos predios.
Tras las acusaciones que el supuesto presidente de la mesa directiva de la citada colonia, Telésforo Montero Flores y su representante legal, Gaudencio Ruiz García, hicieron en contra de Delfino Flores Melga al responsabilizarlo del desalojo así como de querer quitarlo del cargo, entre otros señalamientos, mismos que fueron publicados en las páginas de este Diario el pasado martes, la mañana de ayer jueves, Flores Melga acudió a la Redacción de esta casa editorial para desmentir lo dicho por quienes dijo son sus detractores.
Aunado a ello cabe precisar que en este conflicto, la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, ha confirmado que el predio conocido como colonia Xilotzoni o El Calvario, son terrenos nacionales, pero la dependenciaadvierte que no pueden ser adquiridos de manera legal por quienes invadieron de manera ilegal esas tierras, no por motivos legales, sino más bien financieras, al acreditar que no son susceptibles de pagar los trámites correspondientes para la enajenación del predio en disputa y su respectivo avalúo.
En ese tenor y entrevista para El Sol de Puebla, Flores Melga, de 89 años de edad, desmintió a quienes denunció como falsos líderes de los habitantes de la mencionada colonia, Telésforo Montero Flores y a su representante legal, Gaudencio Ruiz García, tras manifestar que son ellos los que han generado un malestar entre los afectados, al realizar cobros indebidos por casi dos años a quienes ocupaban esos terrenos por concepto de uso de suelo y gestión de licencia, y por el cual pedían 300 pesos por familia, así como 50 pesos más para tramitar ante el Ayuntamiento la instalación de drenaje y otros 50 pesos de luz, cuando todo ese tiempo estuvieron colgándose de los cables de electricidad de los postes, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, sin realizar ningún trámite legal ante esas instancias.
Además, Delfino lamentó mucho que en este conflicto y en su contra esté una de sus hijas, Gregoria Flores Cortés, quien el pasado lunes acudió junto con Telésforo a denunciar a su padre por supuesta usurpación de funciones, al tiempo de que ella aseguraba que desde hace más de un año se habían dedicado a la búsqueda de los propietarios de esos terrenos que ya habían ocupado, con la finalidad de negociar con ellos para poderlos adquirir.
Flores Melga aseguró a este medio que su propia hija y la gente con la que opera, esto es, conjuntamente con Telésforo Montero, han amenazado de muerte a varias familias que se niegan a pagar las cuotas arriba mencionadas, además de que acusó que los predios que tenían en un principio, que eran de 10 metros de frente por 20 de fondo, ahora son prácticamente de 6 a 8 metros de frente por 15 y a veces menos de fondo, pues su hija y Telésforo Montero en complicidad con Gaudencio Ruiz, quieren vender pedazos de tierra a otras personas también necesitadas de una vivienda, sin importarles que perjudiquen a los que incluso ya habían empezado a levantar sus casas con materiales sólidos.
No obstante lo anterior y a pesar de que ambos grupos se disputan esos terrenos, en los que las partes en conflicto aseguran que buscan a toda costa regularizar los terrenos, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dejó en claro que las personas que llegaron a ocupar esa superficie terrenal de la mencionada junta auxiliar, no pueden aspirar a ser los propietarios de esas tierras, tan sólo porque no les alcanzaría a pagar el costo de enajenación de los mismos, ya que con base en el artículo 161 de la Ley Agraria, el avalúo de los predios de vocación urbana los realiza el llamado Instituto de Administración y Análisis de Bienes Nacionales, el cual observó en ese predio un costo elevado para ser costeado por las familias que fueron desalojadas, derivado de su precaria condición económica.
Lo anterior se desprende del oficio número SEDATU/DEL/PUE/I/00930/2013 con fecha 9 de abril del año en curso, en el que el delegado estatal, José Lorenzo Rivera Sosa, contesta la petición formulada por Delfino Flores Melga como secretario General de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Urbanas y Campesinas de Puebla y en el que detalla los pormenores de la negativa para que los interesados pudieran llevar a cabo el trámite correspondiente.
Pero cabe destacar que en dicho oficio, la propia delegación en Puebla de la SEDATU, hace la observación inicial de que el predio conocido como colonia Xilotzoni se desprende del predio denominado Tulcingo Caleras de acuerdo a la resolución emitida por decreto del 17 de agosto de 1989 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre del mismo año.
En el citado decreto se inscribe como propiedad nacional el predio en disputa y dictamina que éste se encuentra en posesión de dos grupos, uno de ellos integrado por 600 personas con escrituras que derivan de juicios de prescripción, es decir, que han buscado adquirir el bien por los tiempos que han corrido para reclamar el bien en caso de que existiera un dueño particular, pero que éstos se oponen de forma violenta a la regularización vía terrenos nacionales.
El segundo grupo que describe el oficio emitido por esa dependencia señala a un grupo integrado por 300 personas, quienes sí aceptan la legalización de sus posesiones vía terrenos nacionales, pero que por desgracia y con base en el estudio económico realizado por la instancia competente, esto es, el INDAABIN, no son susceptibles de poseer esos bienes por la falta de recursos.
SURGIRÍA UN TERCERO EN DISCORIDA
Aunque aún no está claro cuál fue el argumento o criterio o las pruebas con la que el Juez Primero de lo Penal autorizó la orden de desalojo, algunos afectados por esa acción judicial, aseguran que podría estar involucrado un tercer interesado en esos terrenos y hay temor de que se trate de una constructora o empresa desarrolladora de vivienda, la cual tendría la facultad legal y, sobre todo, económica para poder adquirir las más de cuatro hectáreas que fueron recientemente liberadas por la fuerza pública, además de que podría esa orden extenderse a los predios que ocupaban también a un kilómetro de distancia.
Sin embargo, hasta el momento los afectados siguen en la incertidumbre y más ahora con la disputa del predio por parte de estos dos grupos, dejando sin un hogar a más de 800 personas en total.
Afirman desalojados que orden judicial fue manipulada.
2013-08-06 | Las más de 200 familias que este fin de semana fueron desalojadas por la fuerza pública de un predio ubicado en la llamada colonia El Calvario, perteneciente a la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, exigen al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas su intervención, ya que acusaron que la orden emitida por el Juez Primero de lo Penal para ejecutar esa orden habría sido manipulada por terceras personas
para apoderarse de un terreno de más de cuatro hectáreas que no es suyo, así lo manifestaron Telésforo Montero Flores, presidente de la mesa directiva de la citada colonia y Gaudencio Ruiz García, representante legal de los afectados.
Hasta este medio acudieron varios de los afectados para expresar que el desalojo del cual fueron objeto la madrugada de este sábado pasado por acción judicial es completamente equivocada, ya que los presuntos paracaidistas mostraron con documento en manos, que desde hace un año aproximadamente, han investigado por su propia cuenta si el predio que estuvieron ocupando tenía o no dueño, ya que todo parece indicar que se trata de un bien nacional, lo anterior para encontrar al legítimo propietario, en caso de lo que exista, y poder negociar con él la compra de los terrenos en los que ya habían asentado sus moradas.
Pero también refirieron que las personas que se hicieron pasar como los presuntos dueños y que están identificados como Alejandro Flores Pastrana José Luis Flores Carpenter, quien se ostentan como prestanombres, promovieron un juicio para el desalojo de unos predios que están a un kilómetro de distancia del llamado predio El Calvario y que nada tiene que ver con ellos.
"Estos sujetos, quisieron extender el juicio de desalojo sobre las cuatro hectáreas que habían sido ocupadas por las 200 familias, al parecer engañando o en contubernio con el Juez Primero de lo Penal de nombre Javier Vázquez Fernández, quien fue la autoridad que autorizó el desalojo, pero que sabemos ese juicio nada tiene que ver con el terreno que ocupamos, porque hasta el momento se sabe que éste no tiene dueño, y desde hace más de un año empezamos a investigar la propiedad, para que en caso de que esté libre, pedir a las instancias municipales su regularización", expresó el presidente de la mesa directiva y el propio representante legal.
Además, los quejos, y quienes exigen la inmediata intervención de las autoridades del estado, manifestaron que dentro del juicio que siguen otro grupo de personas, se encuentra también un sujeto que está siendo buscado por diversas ilícitos, el cual responde al nombre de Delfino Flores Melga, aclarando los afectados, que ellos no tienen ninguna orden de aprehensión en su contra, porque las autoridades saben perfectamente que el predio que ocuparon no tiene dueño y es un bien nacional.
También indicaron que de acuerdo a la orden expedida por el Juez en cuestión, ésta está mal sustentada, luego de mostrar que las medidas y las colindancias del terreno no coinciden en lo absoluto con el predio en el que ellos llegaron a establecer sus humildes moradas, como gente de escasos recursos que busca una oportunidad de vida, pues los aqueja también el hambre y la pobreza extrema.
Es por ello que piden la intervención del gobierno, aclarando que las autoridades mismas saben que este grupo de 200 familias que se independizó del grupo radical de Delfino Flores Melga, asentaron sus moradas sobre un terreno que es ya un bien nacional al no haber dueño y que desde hace un año y, por su propia cuenta, están realizando los trámites correspondientes para poder quedarse en ese lugar y legalizarlo ante las instancias correspondientes.
Pero debido a ello, los supuestos dueños o prestanombres han querido sacar raja del asunto y con argucias legales y en contubernio con el Juez Primero de lo Penal, aseguraron los quejos, buscan quitarles lo que puede ser los cimientos de su patrimonio familiar
Sin incidentes pero con firmeza en la aplicación de la ley, la SSP recuperó un predio en la colonia Loma Bonita
2013-08-09 | La disputa por los terrenos que se encuentran localizados en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras ha dejo al descubierto la división existente entre las personas afectadas, las cuales fueron desalojadas el pasado sábado por la fuerza pública, derivado de una orden judicial, pero en el que dos grupos,
que aseguran tener la representación de las familias que ahí asentaron por más de un año y medio sus moradas, buscan afanosamente legitimar su liderazgo para obtener el control y poder de esos predios.
Tras las acusaciones que el supuesto presidente de la mesa directiva de la citada colonia, Telésforo Montero Flores y su representante legal, Gaudencio Ruiz García, hicieron en contra de Delfino Flores Melga al responsabilizarlo del desalojo así como de querer quitarlo del cargo, entre otros señalamientos, mismos que fueron publicados en las páginas de este Diario el pasado martes, la mañana de ayer jueves, Flores Melga acudió a la Redacción de esta casa editorial para desmentir lo dicho por quienes dijo son sus detractores.
Aunado a ello cabe precisar que en este conflicto, la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, ha confirmado que el predio conocido como colonia Xilotzoni o El Calvario, son terrenos nacionales, pero la dependenciaadvierte que no pueden ser adquiridos de manera legal por quienes invadieron de manera ilegal esas tierras, no por motivos legales, sino más bien financieras, al acreditar que no son susceptibles de pagar los trámites correspondientes para la enajenación del predio en disputa y su respectivo avalúo.
En ese tenor y entrevista para El Sol de Puebla, Flores Melga, de 89 años de edad, desmintió a quienes denunció como falsos líderes de los habitantes de la mencionada colonia, Telésforo Montero Flores y a su representante legal, Gaudencio Ruiz García, tras manifestar que son ellos los que han generado un malestar entre los afectados, al realizar cobros indebidos por casi dos años a quienes ocupaban esos terrenos por concepto de uso de suelo y gestión de licencia, y por el cual pedían 300 pesos por familia, así como 50 pesos más para tramitar ante el Ayuntamiento la instalación de drenaje y otros 50 pesos de luz, cuando todo ese tiempo estuvieron colgándose de los cables de electricidad de los postes, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, sin realizar ningún trámite legal ante esas instancias.
Además, Delfino lamentó mucho que en este conflicto y en su contra esté una de sus hijas, Gregoria Flores Cortés, quien el pasado lunes acudió junto con Telésforo a denunciar a su padre por supuesta usurpación de funciones, al tiempo de que ella aseguraba que desde hace más de un año se habían dedicado a la búsqueda de los propietarios de esos terrenos que ya habían ocupado, con la finalidad de negociar con ellos para poderlos adquirir.
Flores Melga aseguró a este medio que su propia hija y la gente con la que opera, esto es, conjuntamente con Telésforo Montero, han amenazado de muerte a varias familias que se niegan a pagar las cuotas arriba mencionadas, además de que acusó que los predios que tenían en un principio, que eran de 10 metros de frente por 20 de fondo, ahora son prácticamente de 6 a 8 metros de frente por 15 y a veces menos de fondo, pues su hija y Telésforo Montero en complicidad con Gaudencio Ruiz, quieren vender pedazos de tierra a otras personas también necesitadas de una vivienda, sin importarles que perjudiquen a los que incluso ya habían empezado a levantar sus casas con materiales sólidos.
No obstante lo anterior y a pesar de que ambos grupos se disputan esos terrenos, en los que las partes en conflicto aseguran que buscan a toda costa regularizar los terrenos, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dejó en claro que las personas que llegaron a ocupar esa superficie terrenal de la mencionada junta auxiliar, no pueden aspirar a ser los propietarios de esas tierras, tan sólo porque no les alcanzaría a pagar el costo de enajenación de los mismos, ya que con base en el artículo 161 de la Ley Agraria, el avalúo de los predios de vocación urbana los realiza el llamado Instituto de Administración y Análisis de Bienes Nacionales, el cual observó en ese predio un costo elevado para ser costeado por las familias que fueron desalojadas, derivado de su precaria condición económica.
Lo anterior se desprende del oficio número SEDATU/DEL/PUE/I/00930/2013 con fecha 9 de abril del año en curso, en el que el delegado estatal, José Lorenzo Rivera Sosa, contesta la petición formulada por Delfino Flores Melga como secretario General de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Urbanas y Campesinas de Puebla y en el que detalla los pormenores de la negativa para que los interesados pudieran llevar a cabo el trámite correspondiente.
Pero cabe destacar que en dicho oficio, la propia delegación en Puebla de la SEDATU, hace la observación inicial de que el predio conocido como colonia Xilotzoni se desprende del predio denominado Tulcingo Caleras de acuerdo a la resolución emitida por decreto del 17 de agosto de 1989 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre del mismo año.
En el citado decreto se inscribe como propiedad nacional el predio en disputa y dictamina que éste se encuentra en posesión de dos grupos, uno de ellos integrado por 600 personas con escrituras que derivan de juicios de prescripción, es decir, que han buscado adquirir el bien por los tiempos que han corrido para reclamar el bien en caso de que existiera un dueño particular, pero que éstos se oponen de forma violenta a la regularización vía terrenos nacionales.
El segundo grupo que describe el oficio emitido por esa dependencia señala a un grupo integrado por 300 personas, quienes sí aceptan la legalización de sus posesiones vía terrenos nacionales, pero que por desgracia y con base en el estudio económico realizado por la instancia competente, esto es, el INDAABIN, no son susceptibles de poseer esos bienes por la falta de recursos.
SURGIRÍA UN TERCERO EN DISCORIDA
Aunque aún no está claro cuál fue el argumento o criterio o las pruebas con la que el Juez Primero de lo Penal autorizó la orden de desalojo, algunos afectados por esa acción judicial, aseguran que podría estar involucrado un tercer interesado en esos terrenos y hay temor de que se trate de una constructora o empresa desarrolladora de vivienda, la cual tendría la facultad legal y, sobre todo, económica para poder adquirir las más de cuatro hectáreas que fueron recientemente liberadas por la fuerza pública, además de que podría esa orden extenderse a los predios que ocupaban también a un kilómetro de distancia.
Sin embargo, hasta el momento los afectados siguen en la incertidumbre y más ahora con la disputa del predio por parte de estos dos grupos, dejando sin un hogar a más de 800 personas en total.
Afirman desalojados que orden judicial fue manipulada.
2013-08-06 | Las más de 200 familias que este fin de semana fueron desalojadas por la fuerza pública de un predio ubicado en la llamada colonia El Calvario, perteneciente a la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, exigen al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas su intervención, ya que acusaron que la orden emitida por el Juez Primero de lo Penal para ejecutar esa orden habría sido manipulada por terceras personas
para apoderarse de un terreno de más de cuatro hectáreas que no es suyo, así lo manifestaron Telésforo Montero Flores, presidente de la mesa directiva de la citada colonia y Gaudencio Ruiz García, representante legal de los afectados.
Hasta este medio acudieron varios de los afectados para expresar que el desalojo del cual fueron objeto la madrugada de este sábado pasado por acción judicial es completamente equivocada, ya que los presuntos paracaidistas mostraron con documento en manos, que desde hace un año aproximadamente, han investigado por su propia cuenta si el predio que estuvieron ocupando tenía o no dueño, ya que todo parece indicar que se trata de un bien nacional, lo anterior para encontrar al legítimo propietario, en caso de lo que exista, y poder negociar con él la compra de los terrenos en los que ya habían asentado sus moradas.
Pero también refirieron que las personas que se hicieron pasar como los presuntos dueños y que están identificados como Alejandro Flores Pastrana José Luis Flores Carpenter, quien se ostentan como prestanombres, promovieron un juicio para el desalojo de unos predios que están a un kilómetro de distancia del llamado predio El Calvario y que nada tiene que ver con ellos.
"Estos sujetos, quisieron extender el juicio de desalojo sobre las cuatro hectáreas que habían sido ocupadas por las 200 familias, al parecer engañando o en contubernio con el Juez Primero de lo Penal de nombre Javier Vázquez Fernández, quien fue la autoridad que autorizó el desalojo, pero que sabemos ese juicio nada tiene que ver con el terreno que ocupamos, porque hasta el momento se sabe que éste no tiene dueño, y desde hace más de un año empezamos a investigar la propiedad, para que en caso de que esté libre, pedir a las instancias municipales su regularización", expresó el presidente de la mesa directiva y el propio representante legal.
Además, los quejos, y quienes exigen la inmediata intervención de las autoridades del estado, manifestaron que dentro del juicio que siguen otro grupo de personas, se encuentra también un sujeto que está siendo buscado por diversas ilícitos, el cual responde al nombre de Delfino Flores Melga, aclarando los afectados, que ellos no tienen ninguna orden de aprehensión en su contra, porque las autoridades saben perfectamente que el predio que ocuparon no tiene dueño y es un bien nacional.
También indicaron que de acuerdo a la orden expedida por el Juez en cuestión, ésta está mal sustentada, luego de mostrar que las medidas y las colindancias del terreno no coinciden en lo absoluto con el predio en el que ellos llegaron a establecer sus humildes moradas, como gente de escasos recursos que busca una oportunidad de vida, pues los aqueja también el hambre y la pobreza extrema.
Es por ello que piden la intervención del gobierno, aclarando que las autoridades mismas saben que este grupo de 200 familias que se independizó del grupo radical de Delfino Flores Melga, asentaron sus moradas sobre un terreno que es ya un bien nacional al no haber dueño y que desde hace un año y, por su propia cuenta, están realizando los trámites correspondientes para poder quedarse en ese lugar y legalizarlo ante las instancias correspondientes.
Pero debido a ello, los supuestos dueños o prestanombres han querido sacar raja del asunto y con argucias legales y en contubernio con el Juez Primero de lo Penal, aseguraron los quejos, buscan quitarles lo que puede ser los cimientos de su patrimonio familiar
Sin incidentes pero con firmeza en la aplicación de la ley, la SSP recuperó un predio en la colonia Loma Bonita
2013-08-04 | La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informa que en cumplimiento a una orden judicial, se restituyó a su legítimo propietario un predio que estaba invadido en inmediaciones de la colonia Loma Bonita Caleras, de la ciudad de Puebla.
A través de un operativo sin incidentes, durante las primeras horas de este sábado, aproximadamente 500 Policías Estatales Preventivos, con apoyo de elementos de la Policía Municipal de la capital poblana realizaron el desalojo de quienes vivían de forma irregular en el predio conocido como El Cerrito, ubicado por la colonia antes referida, perteneciente a la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, en Puebla capital.
En cumplimiento a una orden del Juzgado Primero de lo Penal en el predio se desalojaron a aproximadamente 200 personas y se inhabilitaron inmuebles con el apoyo de maquinaria contratada por el propietario, conforme al mandamiento judicial.
El operativo se efectuó bajo estricta aplicación de la ley, con firmeza pero con sensibilidad, ya que se permitió que los invasores retiraran sus pertenencias para después deshabilitar las viviendas, muchas de las cuales se encontraban deshabitadas.
Es importante mencionar que durante el operativo, los uniformados no portaron armas de fuego, gases lacrimógenos o algún otro dispositivo, sólo se utilizó equipo antimotín.
Desde la llegada del Secretario de Seguridad Pública en el estado, Facundo Rosas, se han recuperado diversos predios habitados de forma irregular a fin de hacer valer el estado de derecho y brindar certidumbre a legítimos propietarios.
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