Corrupción

Acusan de corrupción a fiscal anticorrupción
2013-10-03 | Sobre la denuncia que realizó una arquitecta, asegurando que el director de la fiscalía anticorrupción había archivado una denuncia contra un auxiliar del Ministerio Público, personal de la Procuraduría General de Justicia asegura que sí se realizó el procedimiento legal correspondiente, pero las partes tienen que llegar primero a la mediación y en caso de no llegar a un acuerdo pasar a un juicio civil.

En un comunicado la dependencia expresa lo siguiente: "La Procuraduría General de Justicia (PGJ) sí cumplió con realizar la investigación pertinente en relación a los presuntos hechos que relata la persona que sólo se identificó como supuesta agraviada ante hechos que se comprobó, están inmersos única y exclusivamente en un asunto civil y no penal. 

Abunda: "Lo anterior lo comparto de manera respetuosa ante la nota publicada este miércoles con el título "Destapan cloaca en la fiscalía anticorrupción". La Dirección General de Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJ, desarrolló una investigación conforme a derecho, con el desahogo de diversas pruebas y la comparecencia de diferentes personas ante los señalamientos de una ciudadana que refirió supuestas intimidaciones por parte de un auxiliar del Ministerio Público de Culposos Sur. 

Agrega que, se determinó que el reclamo de quien se dijo agraviada, obedece a un asunto de carácter civil, toda vez que ella presuntamente incumplió con un contrato celebrado entre particulares para llevar a cabo la edificación de un inmueble, servicios contratados en términos personales por el auxiliar en mención. Por ende, el arreglo o seguimiento del caso es de competencia civil. 

Continua, en la indagatoria penal que se inició considerando el dicho de la supuesta agraviada sobre la posible comisión de delitos, se estableció que resultaron sin sustento los argumentos de amenazas o supuestas persecuciones efectuadas por elementos ministeriales, como de inicio pretendió sostener la ciudadana. La anterior conclusión se obtuvo posterior a cumplir con todos los procedimientos legales, por lo cual se notificó a la interesada desde hace más de dos meses. 

Puntualizó que la Dirección General de Atención a Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia reitera su compromiso para investigar irregularidades cometidas por servidores públicos que pudieran incurrir en delitos haciendo uso de su función pública. 

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