A más de 3 años CNDH da por cerrado el casoe-consulta / Patricia Méndez |
Jueves, Enero 25, 2018
Después de tres años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio por concluida la recomendación que dirigió en 2014 al gobierno del estado de Puebla, por el asesinato de un niño y las agresiones que sufrieron pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, durante un enfrentamiento con la policía estatal en julio de ese año.
Sin embargo, para los afectados el caso aún no está cerrado y acusaron que el organismo pasó por alto una evaluación encargada por ellos mismos, por lo que ya recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que analice el expediente.
Hasta julio pasado, esta recomendación por violaciones graves a los derechos humanos aún estaba en trámite por pendientes en la atención de protestas sociales, la entrega de equipos de videograbación a los elementos de Seguridad Pública, la presentación de quejas en contra de los funcionarios involucrados y a la creación de un programa de derechos humanos para los agentes estatales.
A la fecha, el gobierno de Puebla mantiene sin cumplir otras cinco recomendaciones, las cuales fueron emitidas por casos que ocurrieron durante la gestión del exgobernador Rafael Moreno Valle, según se aprecia en el informe anual de la CNDH presentado este miércoles.
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La CNDH fue omisa en el caso: afectados
Personal del área de seguimiento a las recomendaciones que emite la CNDH confirmó, vía telefónica a e-consulta, que el expediente 214/2VG tiene el estatus de concluido, una vez que la administración estatal acreditó el cumplimiento total de los 11 puntos que abarcaba.
Sobre el tema, Hilario Gallegos Gómez, quien es representante de los pobladores afectados, indicó que para ellos, la CNDH fue omisa en tomar en cuenta su evaluación del caso, además de que a la fecha no hay algún funcionario estatal sancionado por el ataque que sufrieron, pero sobre todo por el homicidio del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, quien fue golpeado con una lata de gas lacrimógeno durante el enfrentamiento.
Detalló que la madre del menor asesinado, Elia Tamayo Montes, fue engañada para que firmara un documento en el que otorgaba su perdón al gobierno de Puebla.
Ese hecho, dijo, fue utilizado por la administración estatal para acreditar ante la CNDH el cumplimiento de ese punto, pero en realidad, se trató de un engaño.
Por otra parte, comentó que aunque la Secretaría General de Gobierno (SGG) dio por cumplida la disculpa pública que la Comisión solicitó para los pobladores, éstos la rechazaron, por lo que tampoco puede darse por concluido este otro punto de la recomendación.
Respecto a la indemnización para Elia Tamayo, reconoció que la afectada sí cobró el dinero, debido a que era necesario pagar la fianza que las autoridades establecieron para que el edil auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, quien fue aprehendido tras el enfrentamiento, pudiera recobrar su libertad.
Ante esta situación, Gallegos mencionó que en septiembre pasado presentaron el caso ante la CIDH, en donde esperan tener una respuesta a su exigencia de justicia.
Pendientes otras 5 recomendaciones
El gobierno del estado tiene pendiente el cumplimiento de otras cinco recomendaciones, las cuales tienen que ver con los siguientes casos: la contaminación del Río Atoyac y el linchamiento de dos jóvenes en el municipio de Ajalpan, ambas fueron emitidas en 2017, aunque los hechos fueron previos a ese año.
Así como la falta de atención médica a una mujer indígena embarazada en Pahuatlán y la muerte de un recién nacido en un hospital de Cuetzalan, las cuales datan de 2016, además del fallecimiento de un joven a manos de policías ministeriales y federales, quienes lo torturaron después de acusarlo del robo de un tractocamión, la cual fue emitida en 2013.
Clama justicia a un año de la muerte de su hijo
2015 0719 | Para Elia Tamayo Montes la vida es complicada. No sólo perdió hace un año a su hijo José Luis Alberto, de 13 años de edad, cuando una lata de gas lacrimógeno lanzada por la policía estatal golpeó su cráneo, sino porque ahora ya nadie le ayuda en la siembra y porque aún después de tantas lágrimas no ha tenido justicia ni el gobierno estatal ha reparado el daño.
"Yo no quiero que vuelva a pasar esto con un niño o una niña", sostuvo este domingo Elia Tamayo,
quien dejó por un momento de repartir platos con mole y nopales a quienes la acompañaron en el cabo de año de su hijo José Luis.
José Luis Alberto murió el 19 de julio del año pasado por un supuesto paro respiratorio. Pasó diez días en coma por la lesión en la cabeza que le causó una lata de gas, una de tantas que utilizó la policía estatal para dispersar a manifestantes de San Bernardino Chalchihuapan, Atzompa y Santa Isabel Cholula.
"Lo que busco es justicia"
El dolor de la señora comenzó ese día y no ha sanado. Inmediatamente que se le informó del deceso de José Luis, funcionarios del gobierno estatal la aislaron para ofrecerle casa, despensas, becas y dinero para que culpara a sus vecinos por la muerte del niño.
"Yo lo que pido es que estemos unidos para encontrar la justicia que busco, porque es un dolor tan grande", agregó Elia Tamayo tras regresar del cementerio, donde se colocó la cruz que indica dónde descansan los restos de su hijo.
A Elia el gobierno poblano le sigue ofreciendo dinero y becas como compensación económica, pero no le ha brindado las disculpas públicas ni la reparación del daño moral.
La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien emitió la recomendación 2VG/2014 por la muerte de José Luis y las heridas a otros 14 pobladores de Chalchiahuapan, reconoció que la administración de Rafael Moreno Valle Rosas no ha reparado el daño a las víctimas y que las disculpas no cumplen con los estándares internacionales.
Elia Tamayo contó que eso es porque los gobernantes se sienten tan grandes que creen que pueden pisotearlos, pero ella no está sola: cientos de sus vecinos, presidentes auxiliares de otros pueblos y representantes de organizaciones sociales le mostraron su solidaridad.
Piden unión de Chalchihuapan
Este domingo desde las 8:00 horas la gente de San Bernardino Chalchihuapan, junta auxiliar de Ocoyucan, comenzó a llegar al zócalo de la comunidad. En la plaza las mujeres repartían café, té y pan, ya que la noche anterior se veló la cruz de José Luis Alberto y este domingo fue su cabo de año.
En la presidencia auxiliar un hombre de lentes llamaba a la gente del pueblo a que participara en la misa en honor a José Luis, el chico que el 9 de julio del 2014 recibió el impacto de una lata en la cabeza, el chico de secundaria que regresaba a su casa cuando la policía estatal comenzó a disparar armas no letales contra manifestantes que mantenían cerrada la autopista Puebla-Atlixco.
De a poco el zócalo se fue llenando de mujeres con la cabeza cubierta por sus rebozos, por niños con flores blancas en las manos y señores de sombrero, botas o huaraches.
La mitad de la explanada estaba repleta de sillas plegables, en la otra mitad estaba el tianguis dominical donde se venden frutas, flores, carne y comida.
La ceremonia religiosa comenzó a las 8:45 de la mañana. A un lado de la mesa que fungió como altar improvisado estaba una cruz blanca de metal con el nombre de José Luis Alberto Tlehuatlie Tamayo, a su lado una corona de flores que envió la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, abajo velas rojas y blancas formaban una cruz.
El sacerdote Javier Solís, de Chipilo, pidió entonces orar por el alma de José Luis pero también pidió por la unidad del pueblo y por los pobladores que están en la cárcel.
Tres pobladores, incluyendo a Javier Montes Bautista, ex edil de Chalchihuapan, están en prisión acusados por responder con palos y piedras a los policías estatales que los agredieron.
Juntas auxiliares siguen en lucha
Después de la misa, el vocero de la Coordinación Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), José Salomé Pacio Grande, sostuvo que el duelo que se vive por la muerte de José Luis y por la represión del año pasado no debe impedir que la lucha por las juntas auxiliares continúe.
En diciembre de 2013 se reformó la Ley Orgánica Municipal, con lo cual los presidentes auxiliares perdieron sus atribuciones de jueces civiles, además de nombrar a la policía comunitaria, así como se eliminaron las figuras de los jueces de paz y Ministerio Público adjunto.
La falta de registros civiles en las juntas auxiliares ocasionó que el 9 de julio del año pasado pobladores cerraran la autopista Puebla-Atlixco.
Pacio Grande invitó a que las comunidades se unan para propiciar un acercamiento con el gobierno estatal y así les regrese las facultades que les corresponden como cuarto orden de gobierno.
Recuerdan a José Luis Alberto
Después de las palabras de Pacio, Elia Tamayo encabezó la procesión para llevar la cruz de su hijo al cementerio de Chalchihuapan, que está en una de las partes más altas de la población. Detrás ella iban su hija mayor, su hermana y su madre.
Cientos de habitantes con flores y velas en las manos también la siguieron cantando: "Perdona a tu pueblo señor, perdona a tu pueblo, perdónalo señor".
Al llegar al sitio donde fue enterrado José Luis, su madre se tapó por unos momentos el rostro con su rebozo y se limpió las lágrimas con un pedazo de papel. Varias mujeres también lloraban.
Un hombre y dos jóvenes colocaron en la tumba de José Luis la cruz blanca de metal adornada con flores. Los habitantes tomaran un puño de pétalos de rosas mezclados con cal para ponerlo sobre el sepulcro. Colocaron floreros repletos de botones blancos y racimos de flores sobre la tierra que cubre el ataúd de José Luis.
Después los rezos y de los cantos, de darle las condolencias a Elia, los pobladores regresaron al zócalo de Chalchihuapan. Allí los esperaba la familia de Elia Tamayo para darles mole, tamales, tortillas y agua de jamaica a los que después de un año, después de la represión, siguen siendo solidarios.
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