2015 0722 | Tras la detención realizada por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) de Estrada López y Tomás Mendoza Lozano, jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), la Procuraduría General de Justicia (PGJ) los acusó por el desmantelamiento de una pipa robada en Xalapa, cuyo motor se instaló en una grúa propiedad de la Policía Estatal. Sin embargo, el Juez Sexto de Distrito sólo los procesó por robo de hidrocarburos.
Además del robo de combustible, Marco Antonio Estrada López, director de la Policía Estatal, creó una extensa red de corrupción para obtener recursos de los alcoholímetros y de movimientos administrativos al interior de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, según denunciaron elementos policiales mediante una carta que ha sido comentada en diversos medios periodísticos.
En la misiva los agentes indican que Marco Antonio Estrada, en contubernio con Alejandro Santizo Méndez (actual secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal) y Paulo Cesar Quiroz MartÍnez (director de Seguridad Pública municipal), cuando ambos formaban parte de la Secretaría de Seguridad estatal, se encargaban de extorsionar a los conductores durante los operativos de alcoholímetro. En caso de que los funcionarios de seguridad hallaran armas o drogas sólo se presentaba la mitad, para que la otra parte se utilizará para "sembrarla" a otros automovilistas o detenidos.
"Era bien sabido por todo el personal que los operativos que instalaban dentro del municipio de Puebla y en las zonas conurbadas (las Cholulas) únicamente era para extorsionar so pretexto del operativo alcoholímetro y si encontraban algo más (drogas y/o armas) los delincuentes solo eran puestos a disposición con la mitad de lo que se les encontraba y el resto era guardado con la finalidad de ser utilizado para sembrar drogas o armas a los detenidos", indica el documento.
Estas corruptelas fueron conocidas por Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública Estatal, quien respaldó a sus funcionarios.
La salida de Santizo Méndez de la policía estatal, Estrada López se coludió con el encargado de recursos humanos de la dependencia, Adrián Coyotl, para hacer cobros extraoficiales a los elementos de seguridad. Estrada y Coyotl cobraban 15 mil pesos a los policías que eran enviados a las bases de operación en el interior del estado para que regresaran a trabajar a la ciudad de Puebla.
Asimismo Coyotl y el oficial Medardo Rodriguez, responsable de despliegue territorial, solicitaban a los oficiales que deseaban recibir una promoción, 25 mil pesos, mismos que entregaban a Estrada para que aprobara el nombramiento. Por órdenes del ex director de la Policía Estatal, que ahora se encuentra en prisión preventiva, se instalaron vallas perimetrales en la Secretaría de Seguridad para que los policías que llegaran después de las 7:45 horas fueran sancionados, aunque la hora de entrada era a las 8:00 horas.
La misiva apunta que los elementos que tenían retardos eran llamados por Coyotl, quien les cobraba de 300 a 500 pesos por no levantarles actas administrativas o aplicarles descuentos por sus supuestos retrasos.
2015 0723 | Intolerancia Diario publica este día
Los negocios de Estrada y Valerdi II
CIRILO RAMOS
Durante el tiempo que Alejandro Santizo Méndez fue director de la Policía Estatal, el teniente Marco Antonio Estrada López—en prisión por robo de combustible de Pemex— hizo mancuerna con el actual director de la policía municipal de Puebla Paulo César Quiroz Martínez, el mérito que tuvo el actual director de la policía municipal fue haber sido chofer de la esposa de Alejandro Santizo, pues de policía 3º. (Cargo que ocupaba en la policía federal) paso a ser director de la cuarta ciudad más importante a nivel nacional.
Cuando esta tercia de uniformados se encontraba dentro de las filas de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal hicieron de las suyas, pues siempre tuvieron el manto protector de Facundo Rosas Rosas y además era bien sabido por todo el personal que los operativos que instalaban dentro del municipio de Puebla y en las zonas conurbadas (las Cholulas) únicamente era para extorsionar sopretexto del operativo alcoholímetro y si encontraban algo más (drogas y/o armas) los delincuentes solo eran puestos a disposición con la mitad de lo que se les encontraba y el resto era guardado con la finalidad de ser utilizada para sembrar drogas o armas a los detenidos.
Tras la salida de Santizo Méndez y después del fallido desalojo de Chalchihuapan, que dirige Facundo Rosas Rosas y que ejecuta el teniente Marco Antonio Estrada López con sudirección de grupos especiales y recién nombrado director general de la Policía Estatal empieza a tejer su red de complicidades y como primer punto empieza a entenderse con el encargado de recursos humanos Adrián Coyotl, quien se encarga de negociar los cambios de adscripción, comisiones, incapacidades, permisos.
Por citar solo un ejemplo, Adrián Coyotl elegía al personal que no era de su agrado para mandarlos a una base de operaciones, respecto al personal de vialidad cuando eran mandados a una base de operaciones al interior del estado les cobraba la cantidad de 15 mil pesos para regresarlos nuevamente a la ciudad de Puebla y mantenerlos en un servicio más tranquilo.
Adrián Coyotl junto con el oficial Medardo Rodríguez, este último responsable de despliegue territorial, eran los encargados de proponer a jefes de bases de operaciones y delegados de vialidad a quienes les cobraban la cantidad de 25 mil pesos, dinero que era entregado a Estrada López quien autorizaba los nombramientos de los nuevos jefes.
Con la autorización de Estrada López, Adrián Coyotl mando a instalar vallas perimetrales a la entrada de las instalaciones de la PEP para que el personal que llegara después de las 07:45 horas fueran sancionados con descuentos por conceptos de retardos, cuando la entrada del personal administrativo es a las ocho de la mañana.
Ya con los retardos dicho personal eran llamados por Adrián Coyotl quien solicitaba las cantidades de 300 y 500 pesos, según fuera el caso para no afectarlos en sus expedientes de no entregar estas cantidades se les sanciona con actas administrativas y descuentos por acumulación de retardos cuando es bien sabido que no puede sancionar dos veces por el mismo motivo.
Adrián Coyotl hizo de recursos humanos su mina de oro, jactándose en decir que es el dueño del personal, ya que de él depende que sean cambiados de servicio, horarios o peor aún fueran anotados en la lista negra para darlos de baja con el pretexto de no haber aprobado el examen de control y confianza.
Ante la llegada del nuevo director general, Adrián Coyotl asegura que se mantendrá en recursos humanos debido a que conoce perfectamente al funcionario de quien presume tener una añeja amistad la cual lo llevo a comisionarse como instructor de educación física en la academia de policía, cuando el actual director general fungía como subdirector administrativo pues fue el quien lo recomendó para que permaneciera comisionado por más de una década, permitirá el nuevo director general que esta clase de atropellos continúen sucediendo en recursos humanos.
Estrategia en la defensa de implicados
2015 0725 | La defensa legal de Marco Antonio Estrada López, ex director de la Policía Estatal y Tomás Méndez Lozano, ex jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), se desistió de la petición que había solicitado a la Juez Segundo de Distrito, de pedir la medida cautelar domiciliaria para los exfuncionarios, acusados de probable complicidad o auxilio en el delito de robo de hidrocarburo y a quienes les fue dictado el auto de vinculación a proceso, por lo que seguirán sujetos a prisión preventiva.
Lo anterior, durante la cuarta audiencia que se celebró el día de ayer en la Sala 1 del Poder Judicial de la Federación. Por ello, los inculpados continuarán internados en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, mientras continúa el proceso penal en su contra.
Cabe recordar que tanto el ex director policíaco, como su subordinado, fueron detenidos por el Ejército Mexicano la madrugada del martes de la semana pasada, por posibles vínculos con una banda dedicada al robo de combustible mediante ordeña a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que ambos habían quedado separados de sus cargos, y el agente del Ministerio Público Federal los consignó ante el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla.
Así, tras vencer el término legal para determinar su situación legal, es decir saber si se les aplicaba la medida de prisión preventiva o podrían salir bajo el pago de alguna caución, se fijó audiencia pública el pasado lunes a las 9 de la mañana, sin embargo, esta fue pospuesta para el día siguiente, ya que los inculpados informaron que habían hecho cambio de abogados y estos argumentaron que estaban documentados del tema.
Así, el pasado martes, después de una audiencia que duró alrededor de 7 horas, para revisar pruebas tanto de los acusadores como de los defensores; finalmente la Juez de Control Ana Luisa Beltrán González, resolvió vincular a proceso (anteriormente auto de formal prisión) a los ex funcionarios públicos poblanos, por su presunta responsabilidad en el delito arriba señalado.
Además se fijó para las 18 horas de ayer miércoles otra audiencia para resolver la medida cautelar de los inculpados, pues su defensor José Luis Montaño de la Rosa, solicitó que pudieran continuar su proceso penal en su domicilio.
Es así que ayer otras vez hubo audiencia en la que estuvieron presentes los inculpados, su defensa y la Jueza; además del agente del Ministerio Público Federal y la representante legal de Pemex.
La Jueza de Control permitió que pudieran expresarse los inculpados, pero estos se reservaron hablar y finalmente cuando la funcionaria federal se dirigió al defensor para que mencionara el argumento de su solicito sobre la medida cautelar de sus clientes, contestó que por razones de contratiempo se desistía de su petición y que más adelante haría nuevamente la petición de otra audiencia para retomar el tema.
Por ello, los acusados continuarán recluidos en la cárcel estatal mientras sigue su proceso penal que tiene plazo para finalizar hasta el 21 de septiembre.
2015 0723 | Intolerancia Diario publica este día
Los negocios de Estrada y Valerdi II
CIRILO RAMOS
Durante el tiempo que Alejandro Santizo Méndez fue director de la Policía Estatal, el teniente Marco Antonio Estrada López—en prisión por robo de combustible de Pemex— hizo mancuerna con el actual director de la policía municipal de Puebla Paulo César Quiroz Martínez, el mérito que tuvo el actual director de la policía municipal fue haber sido chofer de la esposa de Alejandro Santizo, pues de policía 3º. (Cargo que ocupaba en la policía federal) paso a ser director de la cuarta ciudad más importante a nivel nacional.
Cuando esta tercia de uniformados se encontraba dentro de las filas de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal hicieron de las suyas, pues siempre tuvieron el manto protector de Facundo Rosas Rosas y además era bien sabido por todo el personal que los operativos que instalaban dentro del municipio de Puebla y en las zonas conurbadas (las Cholulas) únicamente era para extorsionar sopretexto del operativo alcoholímetro y si encontraban algo más (drogas y/o armas) los delincuentes solo eran puestos a disposición con la mitad de lo que se les encontraba y el resto era guardado con la finalidad de ser utilizada para sembrar drogas o armas a los detenidos.
Tras la salida de Santizo Méndez y después del fallido desalojo de Chalchihuapan, que dirige Facundo Rosas Rosas y que ejecuta el teniente Marco Antonio Estrada López con sudirección de grupos especiales y recién nombrado director general de la Policía Estatal empieza a tejer su red de complicidades y como primer punto empieza a entenderse con el encargado de recursos humanos Adrián Coyotl, quien se encarga de negociar los cambios de adscripción, comisiones, incapacidades, permisos.
Por citar solo un ejemplo, Adrián Coyotl elegía al personal que no era de su agrado para mandarlos a una base de operaciones, respecto al personal de vialidad cuando eran mandados a una base de operaciones al interior del estado les cobraba la cantidad de 15 mil pesos para regresarlos nuevamente a la ciudad de Puebla y mantenerlos en un servicio más tranquilo.
Adrián Coyotl junto con el oficial Medardo Rodríguez, este último responsable de despliegue territorial, eran los encargados de proponer a jefes de bases de operaciones y delegados de vialidad a quienes les cobraban la cantidad de 25 mil pesos, dinero que era entregado a Estrada López quien autorizaba los nombramientos de los nuevos jefes.
Con la autorización de Estrada López, Adrián Coyotl mando a instalar vallas perimetrales a la entrada de las instalaciones de la PEP para que el personal que llegara después de las 07:45 horas fueran sancionados con descuentos por conceptos de retardos, cuando la entrada del personal administrativo es a las ocho de la mañana.
Ya con los retardos dicho personal eran llamados por Adrián Coyotl quien solicitaba las cantidades de 300 y 500 pesos, según fuera el caso para no afectarlos en sus expedientes de no entregar estas cantidades se les sanciona con actas administrativas y descuentos por acumulación de retardos cuando es bien sabido que no puede sancionar dos veces por el mismo motivo.
Adrián Coyotl hizo de recursos humanos su mina de oro, jactándose en decir que es el dueño del personal, ya que de él depende que sean cambiados de servicio, horarios o peor aún fueran anotados en la lista negra para darlos de baja con el pretexto de no haber aprobado el examen de control y confianza.
Ante la llegada del nuevo director general, Adrián Coyotl asegura que se mantendrá en recursos humanos debido a que conoce perfectamente al funcionario de quien presume tener una añeja amistad la cual lo llevo a comisionarse como instructor de educación física en la academia de policía, cuando el actual director general fungía como subdirector administrativo pues fue el quien lo recomendó para que permaneciera comisionado por más de una década, permitirá el nuevo director general que esta clase de atropellos continúen sucediendo en recursos humanos.
Estrategia en la defensa de implicados
2015 0725 | La defensa legal de Marco Antonio Estrada López, ex director de la Policía Estatal y Tomás Méndez Lozano, ex jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), se desistió de la petición que había solicitado a la Juez Segundo de Distrito, de pedir la medida cautelar domiciliaria para los exfuncionarios, acusados de probable complicidad o auxilio en el delito de robo de hidrocarburo y a quienes les fue dictado el auto de vinculación a proceso, por lo que seguirán sujetos a prisión preventiva.
Lo anterior, durante la cuarta audiencia que se celebró el día de ayer en la Sala 1 del Poder Judicial de la Federación. Por ello, los inculpados continuarán internados en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, mientras continúa el proceso penal en su contra.
Cabe recordar que tanto el ex director policíaco, como su subordinado, fueron detenidos por el Ejército Mexicano la madrugada del martes de la semana pasada, por posibles vínculos con una banda dedicada al robo de combustible mediante ordeña a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que ambos habían quedado separados de sus cargos, y el agente del Ministerio Público Federal los consignó ante el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla.
Así, tras vencer el término legal para determinar su situación legal, es decir saber si se les aplicaba la medida de prisión preventiva o podrían salir bajo el pago de alguna caución, se fijó audiencia pública el pasado lunes a las 9 de la mañana, sin embargo, esta fue pospuesta para el día siguiente, ya que los inculpados informaron que habían hecho cambio de abogados y estos argumentaron que estaban documentados del tema.
Así, el pasado martes, después de una audiencia que duró alrededor de 7 horas, para revisar pruebas tanto de los acusadores como de los defensores; finalmente la Juez de Control Ana Luisa Beltrán González, resolvió vincular a proceso (anteriormente auto de formal prisión) a los ex funcionarios públicos poblanos, por su presunta responsabilidad en el delito arriba señalado.
Además se fijó para las 18 horas de ayer miércoles otra audiencia para resolver la medida cautelar de los inculpados, pues su defensor José Luis Montaño de la Rosa, solicitó que pudieran continuar su proceso penal en su domicilio.
Es así que ayer otras vez hubo audiencia en la que estuvieron presentes los inculpados, su defensa y la Jueza; además del agente del Ministerio Público Federal y la representante legal de Pemex.
La Jueza de Control permitió que pudieran expresarse los inculpados, pero estos se reservaron hablar y finalmente cuando la funcionaria federal se dirigió al defensor para que mencionara el argumento de su solicito sobre la medida cautelar de sus clientes, contestó que por razones de contratiempo se desistía de su petición y que más adelante haría nuevamente la petición de otra audiencia para retomar el tema.
Por ello, los acusados continuarán recluidos en la cárcel estatal mientras sigue su proceso penal que tiene plazo para finalizar hasta el 21 de septiembre.
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