La víctima, identificada como Cristian Alberto López Vázquez, el motociclista que fue atropellado por un perito de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), desmintió el dicho de la dependencia de que en todo momento apoyó al agraviado a través del área de Atención a Víctimas del Delito, por lo que ahora exige una reparación del daño conforme a derecho. Lo anterior luego de que sufriera pérdida de movilidad de su mano derecha, ya que se le destrozó el hueso del dedo índice.
López Vázquez ofreció ayer una rueda de prensa junto con sus abogados integrantes del corporativo jurídico Rodríguez Luna y Asociados, en la que acusó que las autoridades ministeriales buscan reclasificar el delito de lesiones para que el perito y presunto responsable, identificado como Roberto Espíndola Armenta, de 26 años de edad, recupere su libertad lo más pronto posible.
Sin embargo, la defensa se opuso, pues asegura que López Vázquez, de acuerdo con los dictámenes médicos, perdió la movilidad de su mano derecha luego de que se le pulverizara el hueso, por lo que requirió una cirugía consistente en el injerto de hueso del codo al dedo; pero aun así, el pronóstico es que ya no tendría movilidad, es decir, le quedaría fijo el dedo, lo que redundaría en que jamás volverá a manejar una motocicleta.
Cristian Alberto explicó que es dueño de un negocio de telefonía celular por lo que tenía que moverse en una motocicleta, misma que hace 2 meses adquirió a crédito, y el día del accidente, el pasado martes 8 de septiembre, estaba haciendo su trabajo con su vehículo; aseguró que tenía la preferencia del paso por el semáforo y señalamientos viales, pero el conductor del vehículo oficial, al parecer, iba distraído.
Lamentó que el perito se haya dado a la fuga y que nadie regresó a brindarle apoyo por parte de la PGJ, ni en el accidente ni en el hospital UPAEP, a donde pidió que lo llevaran y donde tuvo que esperar 6 horas para ser atendido, debido a que alguien debía depositar una fianza.
Describió que el abogado del presunto responsable le pidió que le firmara el perdón para que así pudiera ser atendido, situación a la que en un principio se negó, pero cuando le dijeron que solo requería una cirugía que no llevaría más de 45 minutos, estaba dispuesto a acceder.
Sin embargo, su decisión cambió cuando le dijeron que tenía desechó totalmente el hueso del dedo, por lo que a pesar del trabajo de los especialistas, quedaría con secuelas; en ese momento, según el dicho del agraviado, el Ministerio Público lo indujo a que firmara el perdón, asegurándole que "tenía que cerrar ese círculo y si posteriormente quería demandar, abriría otro circulo", señaló Cristian, por lo que firmó el perdón; ahora sus abogados dicen que el proceso penal, asentado bajo el proceso penal 320/2015, sigue abierto.
Cabe señalar que la defensa del agraviado asegura que alguien pagó los gastos médicos que fueron de 30 mil pesos para que pudiera ser dado de alta, pero ahora que no ha podido trabajar para el sustento de sus 4 hijos y su esposa; los daños de su motocicleta y los sufridos sicológicamente y físicamente que lo han dejado marcado de por vida; por lo que se pregunta cuándo se los van a reponer.
"Sólo queremos que se haga la reparación de daños conforme lo marca la ley, no hay más", sentenció.
Cabe señalar que el perito Espíndola Armenta fue consignado al juez penal el jueves de la semana pasada por el delito de lesiones y a través de su defensa legal solicitó la ampliación del término legal, por lo que será mañana cuando la autoridad judicial determine su situación jurídica, es decir, si le concede liberación bajo caución o dicta auto de formal prisión.
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