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Frente a las instalaciones de la FGE, defraudados realizaron un mitin de denuncia exigiendo justicia y ladetención inmediata de los operadores y responsables pues aunque existen procesos interpuestos desde el mes de agosto de 2016 contra la firma, se sigue anunciado en la radio e invitando a solicitar préstamosde hasta de 7.5 millones de pesos a cambio de un pago inicial del 10 por ciento del monto.
Cynthia Patricia Nava Calderón, quien habría ventilado las acciones ilícitas de la casa crediticia ante la opinión pública, presentó hoy finalmente su denuncia formal por fraude y abuso de confianza pues para recibir el préstamo de 5 millones de pesos ella tuvo que depositar 750 mil pesos para que el crédito fuera liberado. Para reunir el trámite, la madre de Cynthia tuvo que vender su casa.
Pero pasaron los días y el monto del préstamo nunca fue depositado. Ante las reclamaciones del incumplimiento de parte de Seven Service, los gestores le hicieron saber que había incumplido requisitos por lo que su depósito no le sería devuelto.
Con el mismo esquema, Tomasa Montiel fue defraudada con 35 mil pesos que entregó para garantizar su crédito, que tampoco obtuvo. Cuando acudió a reclamar fue amenazada por los operadores que le dijeron que conocían sus datos personales y los de sus familiares por si ella iniciaba un trámite en su contra.
Fausta López Flores fue retenida en una de una de las sucursales ubicadas en la esquina 11 sur y 25 poniente cuando fue a reclamar su depósito de 26 mil pesos y a exigir la devolución de las escrituras originales de un terreno. Luego de la llegada de una televisora que acudió a solicitar una entrevista con el responsable, empleados retuvieron a Fausta en una oficina, la que fue cerrada con llave, impidiendo su salida hasta que el medio de comunicación se retiró. Ni su escritura ni el depósito le fueron devueltos.
Casos se acumulan en la FGE
Hoy en la FGE la veintena de denuncias nuevas se sumaron a los procesos ya iniciados, como el de Juan Carlos Sedeño, quien interpuso su denuncia por el fraude de 30 mil pesos, desde el mes de octubre de 2016, ante la Fiscalía General del Estado, y que a la fecha no ha reportado avance.
También al de Claudia Sánchez Ortíz a quien en septiembre de 2016 le confirmaron el monto del préstamo de 480 mil pesos, pero le requirieron una garantía de 48 mil pesos. Como Claudia Sánchez no contaba con el efectivo, Michel Rodríguez, jefe de autorizaciones de Seven Services propuso que buscaran el financiamiento de Américan Express y se propuso para llevar a cabo el trámite, pero ella lo rechazó.
Pasadas unas semanas, American Express hizo llegar a la casa de la familia Sánchez el nuevo adeudo por 48 mil pesos. Sorprendida, Claudia acudió a aclarar el monto pero los ejecutivos de la banca le mostraron una solicitud firmada por su esposo, con la rúbrica falsificada.
“Falsificaron el documento, no sabemos cómo pudo American Express acceder a la autorización sin mayor trámite. Estamos sospechando de su implicación, por lo pronto también hemos iniciado una queja en la Conducef”, dijo a este medio.
Atractivas ofertas de reducir deudas siguen seduciendo a clientes
Una de las ofertas principales de la gestora de crédito es la de que deudas con tarjetas de crédito se conjuntarían en una sola cuenta que sería congelada o reduciría sus intereses, proporcionando un préstamo fast-track para terminar con el adeudo.
A la fecha las personas defraudadas aseguran que más clientes siguen llegado al inmueble en la plaza Centro Mayor, de Calzada Zavaleta, pues pese a las diferentes denuncias autoridades no han clausurado oficinas ni se han tomado medidas para prevenir el delito.
Los contratos son expedidos sin la personalidad jurídica de ninguna persona física; sólo la persona moral emite un sello y una firma que no se identifica. Entre los operadores y ejecutores los defraudados ubicaron a Michael Rodríguez, jefe de autorizaciones; Roberto Garza, director comercial; Javier Martínez, jefe de liberaciones; Mariano Garza, Gerente Comercial; Marisa Castelán, Amairani Monroy, Viviana Rivera, Ian Weer, y Alan Picazo como asesores financieros, aunque probablemente no sean sus verdaderos nombres.
Los defraudados coincidieron en señalar que Roberto Garza, director comercial, ha presumido contar con buenas relaciones en el gobierno del estado por lo que no temía ninguna amenaza.
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