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2017 0620 | Tras la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal (SJP) en junio de 2016, mil 557 reos salieron en libertad, cantidad que representa una disminución del 18 por ciento en la población penitenciaria de Puebla.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en mayo pasado el número de internos ascendía a 8 mil 813, mientras que en marzo de este año la cifra se ubicó en 7 mil 256 personas.
Al dar a conocer cambios en el área de seguridad pública del municipio capitalino, el pasado seis de junio el presidente municipal Luis Banck Serrato acusó poca efectividad del nuevo modelo de impartición de justicia,
y señaló que en los últimos meses se han liberado 2 mil 388 delincuentes. “…vemos que a los pocos días un ciudadano que ha delinquido incluso en flagrancia, sale de la cárcel y vuelve a cometer delitos”, dijo el edil.
Las cifras de la SSP indican que la población penitenciaria de la entidad ha disminuido en un 18 por ciento entre mayo de 2016 –cuando aún no entraba en vigor formalmente el nuevo SJP– y el mes de marzo de este año, al pasar de 8 mil 813 reos a 7 mil 256, lo que implica la liberación de 1 mil 557 personas.
La reducción más amplia corresponde al penal de San Miguel localizado en la capital del estado. El número de internos pasó de 3 mil 974 a 3 mil 89, lo que implica 885 personas menos equivalentes a un 22 por ciento.
Posteriormente destaca el penal de Cholula –cuya administración recientemente quedó a cargo del gobierno estatal–, pues 158 reos quedaron en libertad. La población penitenciaria pasó de 669 a 511, lo que implica una baja del 24 por ciento.
La cárcel de Tehuacán es la tercera con la disminución más alta, ya que esta pasó de 553 a 465, lo que implica una baja de 88 internos equivalentes a un 16 por ciento.
En el cuarto sitio se encuentra el penal de Huejotzingo, en donde la población pasó de 336 a 254, es decir, quedaron en libertad 82 personas que representan un 24 por ciento.
Destaca también el caso de Tepeaca –que se encuentra entre las 10 cárceles más sobrepobladas del país–, pues los internos pasaron de 308 a 243, lo que implica 65 menos equivalentes a un 21 por ciento.
Seis de cada 10 internos tienen sentencia
Según los datos de la dependencia estatal, 2 mil 658 internos tienen el estatus de procesados, los cuales equivalen al 36.6 por ciento del total, mientras que 4 mil 557 que representan el 63 por ciento ya cuentan con sentencia.
Del total de reos, 6 mil 810 que equivalen al 94 por ciento están presos por delito del fuero común y 385 que representan el seis por ciento están internos por ilícitos del orden federal.
Quedan en libertad 1 mil 557 internos
Las cifras de la SSP indican que la población penitenciaria de la entidad ha disminuido en un 18 por ciento entre mayo de 2016 –cuando aún no entraba en vigor formalmente el nuevo SJP– y el mes de marzo de este año, al pasar de 8 mil 813 reos a 7 mil 256, lo que implica la liberación de 1 mil 557 personas.
La reducción más amplia corresponde al penal de San Miguel localizado en la capital del estado. El número de internos pasó de 3 mil 974 a 3 mil 89, lo que implica 885 personas menos equivalentes a un 22 por ciento.
Posteriormente destaca el penal de Cholula –cuya administración recientemente quedó a cargo del gobierno estatal–, pues 158 reos quedaron en libertad. La población penitenciaria pasó de 669 a 511, lo que implica una baja del 24 por ciento.
La cárcel de Tehuacán es la tercera con la disminución más alta, ya que esta pasó de 553 a 465, lo que implica una baja de 88 internos equivalentes a un 16 por ciento.
En el cuarto sitio se encuentra el penal de Huejotzingo, en donde la población pasó de 336 a 254, es decir, quedaron en libertad 82 personas que representan un 24 por ciento.
Destaca también el caso de Tepeaca –que se encuentra entre las 10 cárceles más sobrepobladas del país–, pues los internos pasaron de 308 a 243, lo que implica 65 menos equivalentes a un 21 por ciento.
Un caos el nuevo sistema acusatorio penal
Aunque antes del 18 de junio de 2016 los ciudadanos podían presentar denuncias por delitos penales en 17 mesas de trámite ubicadas en diferentes agencias del ministerio público en la ciudad de Puebla y en municipios de la zona conurbada, con la entrada en vigor del nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio ahora sólo se pueden levantar en las oficinas centrales de la Fiscalía de Justicia y en el C5, ubicado en el Periférico Ecológico.
Desde el año pasado en dos unidades se concentran las 17 mesas de trámite que existían en al menos siete agencias del ministerio público bajo el sistema de justicia tradicional, en las cuales actualmente sólo se atienden las denuncias que se presentaron antes de la entrada en vigor del nuevo sistema.
A un año de operación, el nuevo sistema de justicia penal causa complicaciones a ciudadanos y abogados, quienes tienen que esperar por horas para presentar una denuncia en las oficinas de la Fiscalía, por lo que los litigantes exigen la apertura de otras sedes.
Respecto al funcionamiento del sistema en el Poder Judicial, e-consulta solicitó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estadísticas sobre juicios orales, sin que hasta el momento haya una respuesta.
En dos unidades se concentran ex agencias del MP
La recién creada Unidad Centro aglutina desde junio del año pasado 10 mesas de trámite, en las que se resuelven las denuncias que se levantaban en las agencias del ministerio público en Puebla capital y en la zona conurbada con base en el sistema tradicional que operó hasta hace un año.
Daniel Marcial Navarro Méndez, titular del área, manifestó que ambas unidades se crearon con la finalidad de darle curso a las averiguaciones previas que se iniciaron previo a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
Explicó que en la Unidad Centro, ubicada en la 9 Oriente entre 12 y 14 Sur, en lo que fue la agencia centro del ministerio público, se encuentra la mesa 1, en la que se resuelven los asuntos que se presentaron en la extinta agencia del ministerio público de la colonia Popular.
En la mesa 2 de esa misma unidad se resuelven las denuncias de la extinta agencia sexta o de La Margarita; en la Mesa 3 se da trámite a las denuncias que se presentaron en la mesa matutina de la Delegación Sur que se encontraba en el bulevar Valsequillo (junto a Bomberos); en la mesa 4 se da trámite a las denuncias presentadas en la mesa vespertina del bulevar Valsequillo.
En esta Unidad también se encuentra la mesa 5 en la que se da trámite a las averiguaciones previas iniciadas en la antigua agencia del ministerio público de Atlixco; en la mesa 6 se da trámite a los delitos especializados en derecho mercantil y a las denuncias por delitos culposos que se presentaban en la agencia del ministerio público Oriente y en la Sur del bulevar Valsequillo.
En la mesa de trámite 7 de la Unidad Centro se atienden las denuncias que se presentaron en las agencias del ministerio público de San Andrés y San Pedro Cholula, así como las presentadas en la extinta agencia de delitos electorales, en la especializada en robo a casa habitación y en la especializada en desaparición de personas.
En la ex agencia del MP Oriente se concentran 7 mesas de trámite
Navarro Méndez explicó que en la ex agencia del ministerio público oriente, ubicada en la avenida 16 Oriente sin número, de la colonia México 68, se concentran siete mesas para darle resolución a las denuncias presentadas en otras agencias que ya no existen en la zona, a través del sistema tradicional.
En esta unidad se ubica la mesa de trámite relacionada con los delitos de homicidios; en otra los que se presentaron en la ex agencia del ministerio público norte y en otra más los delitos presentados en la ex agencia del ministerio público centro.
En esta unidad se encuentra otra mesa de trámite para resolver las denuncias presentadas en la que fue conocida como agencia séptima del ministerio público; en otra más se resuelven los delitos de la ex agencia de San Martín Texemelucan y en una la última se resuelven los asuntos de la ex agencia de Huejotzingo.
Sin fecha para resolver asuntos
El titular de la Unidad Centro del Ministerio Público Centro subrayó que no existe un tiempo estimado para resolver las denuncias de cada agencia, pues depende de cada caso en particular.
“Todo depende de la integración de las investigaciones. Hay averiguaciones sencillas y otras que requieren de más investigación”.
Sostuvo que lo que sí es un hecho es que cuando este trabajo quede concluido todo el personal que labora tanto en esta unidad como en la Oriente se integrará al Sistema Acusatorio Oral.
No obstante, el funcionario manifestó que desconoce si estas oficinas también servirán para la presentación de denuncias que den paso a la integración de carpetas de investigación, como se les conoce en el nuevo sistema a las otrora averiguaciones previas.
En la actualidad solo en dos puntos se pueden presentar denuncias
En contraste con la cantidad de agencias del ministerio público que había antes de la entrada en vigor del sistema en la actualidad solo hay dos puntos donde se pueden presentar denuncias relacionadas con delitos de orden penal.
El primer punto son las oficinas centrales de la Fiscalía del Estado, en el bulevar 5 de Mayo, y el segundo es el C5, complejo de seguridad ubicado en el Periférico Ecológico, en el municipio de Cuautlancingo.
El funcionario entrevistado explicó que en el caso del C5 hay casas de justicia donde los ciudadanos pueden encontrar “orientadores”, quienes toman conocimiento de un hecho y orientan a las personas respecto a si los hechos ameritan una carpeta de investigación o se orientan más hacia otro tipo de delitos como los de orden civil, por ejemplo.
Este medio de comunicación solicitó a la Dirección de Comunicación Social de la Fiscalía el número de mesas de trámite para presentar una denuncia en ambas sedes, sin que hasta el momento exista una respuesta.
Complicaciones para ciudadanos y litigantes
Un ciudadano narró que el 10 de mayo de 2016 fue asaltado en las inmediaciones de Momoxpan, junta auxiliar de San Pedro Cholula. De inmediato se acercó al C5 para presentar su denuncia, ya que eran las oficinas más cercanas.
La primera complicación que vivió fue la falta de una identificación oficial, ya que le hurtaron su cartera con dicha información. Por ello tuvo que regresar a su residencia.
Apoyado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia Ciudadana regresó 10 días después al mismo domicilio con una denuncia redactada, por lo que fue más fácil presentarla. En el lugar vio que en cuatro mesas de trámite solo había dos funcionarios para tomarle su declaración.
La segunda complicación que vivió fue la ausencia de un perito en psicología para valorarlo, debido a que este se encontraba en una encomienda de trabajo en el municipio de Tehuacán, por lo que esa prueba ya no se pudo aportar al juicio y por ende su denuncia no avanzó.
Un abogado litigante, quien se reservó el nombre, acompañó a un cliente a denunciar un asalto a las oficinas de la Fiscalía.
En el lugar el ministerio público que lo atendió un viernes por la tarde le advirtió que esperara a las 24:00 horas de ese día o regresara al día siguiente, debido a la carga de trabajo, por lo que junto con la víctima optó por la segunda opción.
Por ello, exigió la apertura de más agencias del ministerio público, pues reflexionó que ni cuando operaban las anteriores se daban abasto.
Sin embargo, las complicaciones no terminan allí. Y es que si la denuncia llega al juicio oral se encuentran con una saturación en el Poder Judicial.
“En el juzgado de Izúcar de Matamoros nos difirieron una audiencia más de medio año porque cuando llegaba la fecha nos presentábamos y nos decían que el juez había ido a otra diligencia en Tehuacán. Así se nos fueron los meses”, expuso otro litigante.
Falta preparación sobre el juicio oral
Tanto Daniel Marial Navarro como los abogados entrevistados coincidieron en que hace falta preparación sobre el sistema penal acusatorio para los abogados litigantes.
Aunque los defensores están conscientes en que deben prepararse para brindar un mejor servicio, advierten que el costo económico es alto, por lo que lo hacen a “cuenta gotas”. Tan solo un diplomado de actualización tiene un costo de entre 5 o 6 mil pesos en alguna universidad.
“Hablar de una maestría es todavía mucho más caro. Son muy pocos los abogados que realmente están preparados. A esto se suma que los jueces son muy estrictos y sino cuentas con los conocimientos te exhiben”, expuso un litigante.
Sin embargo, para Navarro Méndez la actualización de los abogados litigantes es esencial para que el sistema funcione.
Defendió al sistema penal acusatorio al señalar que el personal de la Fiscalía ha tenido la preparación suficiente, incluso en el extranjero.
“He ido tres veces a Estados Unidos. Respecto a las críticas de que no funciona porque se deja libre a los delincuentes hay que decir que con el sistema anterior la gente tenía muy pegada la venganza privada. Se decía a mi no me interesa si es culpable o no, sino que esté en la cárcel. En el nuevo sistema opera el principio de inocencia, la carga es para quien denuncia”.
Agregó que para facilitar el funcionamiento del sistema también se puede interponer una denuncia vía Internet.
“La denuncia penal la pasan al área de orientación y si procede le van a dar cauce. La Policía puede incluso levantar una denuncia. En el nuevo sistema hay varias etapas, en la primera simplemente son datos, en la segunda etapa son medios de pruebas y cuando se desahogan son pruebas en el juicio oral”.
Con información de e-consulta, El Sol de Puebla, Cambio.
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