Los presuntos actos de corrupción del presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla, José Juan Espinosa Torres, llegaron al Senado de la República.
A través de un punto de acuerdo, la senadora del PAN, Nadia Navarro Acevedo, pidió que la PGR investigue su riqueza inexplicable que asciende a más de 150 millones de pesos.
Al considerar “que en la vida, hay dos cosas que no se pueden ocultar: el amor y el dinero”, Navarro Acevedo, puntualizó que en el caso de Espinosa Torres, se presume la comisión de actos ilícitos derivado de sus inconsistencias en sus 3 de 3.
“La familia Espinosa de la Sierra oculta el valor real de 16 propiedades que alcanzan un monto de 81,298,258.29 pesos cifra que no coincide con sus ingresos declarados. Plaza Lazcarro. Millonario negocio familiar con un valor real aproximado de 18,530,930.92, pesos que se ha beneficiado a través de corrupción y conflicto de intereses durante la administración de José Juan Espinosa. Defraudación fiscal. Las empresas familiares: Montessori Atlixco A.C. y Asis S.A. de C.V. evaden impuestos incurriendo en defraudación fiscal. Los viajes. Los Espinosa de la Sierra, disfrutaron por 8 días de la bella Isla de Kauai, Hawaii, en compañía de por lo menos 17 integrantes de su familia a escasos dos meses de que José Juan Espinosa tomara posesión como Alcalde”, detalló.
Señaló que derivado de las diversas denuncias públicas en medios de comunicación en el estado de Puebla, indican que el patrimonio de José Juan Espinosa Torres, asciende a la cantidad de 152 millones de pesos, “muy por encima de sus ingresos formales como servidor público y eludiendo el cumplimiento de obligaciones a través del uso de la figura de “donación” a sus dependientes económicos y otros familiares directos o indirectos”.
En términos prácticos, aseveró que para que el ex alcalde de Cholula, hubiera ganado semejante fortuna, debió percibir, entre salarios, rentas y usufructos, más de 3 millones de pesos cada 30 días, durante los 50 meses que duró su gestión como presidente municipal, de febrero de 2014 a marzo de 2018, además, no haber tenido ningún gasto.
Denunció que entre “los secretos del hoy poderoso diputado local, están el manejo de información privilegiada y un esquema que consiste en la compra de terrenos e inmuebles que dona a familiares y parientes, para después volverlos a comprar”.
La congresista de Acción Nacional, solicitó el apoyo de la bancada de Morena quien ostenta la mayoría en ambas cámaras en el Congreso de la Unión para que se exhorte a la PGR investigue a Espinosa Torres por su riqueza inexplicable como funcionario público.
“Ahora que el gobierno electo y su grupo parlamentario en ambas Cámaras del Congreso de la Unión han expresado públicamente su compromiso en contra de la corrupción, conflicto de intereses, austeridad republicana, ética e integridad en el ejercicio del servicio público, les pedimos su apoyo a las senadoras y senadores integrantes de esta Soberanía para aprobar el presente punto de acuerdo, por el que se EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA INVESTIGAR EL ENRIQUECIMIENTO INEXPLICABLE DEL C. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES, y respetando el principio de presunción de inocencia y su derecho a la defensa ante las autoridades competentes, se deslinden de cualquier persona acusada de prácticas ilícitas, especialmente en tratándose de servidores públicos y no se encubran las prácticas ilícitas, conflictos de intereses y simulación de actos para el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades correspondientes”.
Exigió: #Digamos no a los actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito de servidores públicos.
De acuerdo con lo que establece el Código Penal Federal, el enriquecimiento ilícito se configura cuando el servidor público no puede acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.
Artículo 224.- Se sancionara a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legitima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.
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