Señala que los delitos en su contra fueron fabricados para ser presentado como un botín político.
Domingo, Marzo 3, 2019
Después de recibir una sentencia sólo por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y de estupefacientes, el empresario gasolinero Othón Muñoz Bravo reiteró que nunca se ha dedicado al robo de hidrocarburo y que los delitos en su contra fueron fabricados para ser presentado como un botín político.
A través de un comunicado enviado a distintos medios de comunicación este domingo 3 de marzo, el empresario de origen veracruzano aseguró que fue "confundido" por las autoridades como un líder huachicolero, sin embargo asegura que no lo es y que por eso hasta la fecha no han podido imputarle ese delito.
"El pasado 20 de agosto de 2017, donde por una confusión fueron violentados mis derechos humanos y constitucionales, así como los de mi familia. Además de que me han acusado sin el menor fundamento de ser líder huachicolero y dedicarme al robo y comercio ilegal de combustible", señaló.
Por la misma vía acusó que se le ha impuesto el mote de "El Cachetes" sin que corresponda a su persona, motivo por el cual recalcó que su detención fue un "botín político" de las autoridades, siendo en ese entonces Víctor Carrancá Bourget el fiscal General del Estado y Antonio Gali Fayad el gobernador.
Además se difundieron imágenes donde Muñoz Bravo convivía con el ex gobernador Rafael Moreno Valle.
Muñoz Bravo reveló que su aprehensión corrió a cargo completamente de la Fiscalía General del Estado, pues aunque hubo presencia de la Secretaría de Marina (Semar), sus elementos no intervinieron en la detención.
En este sentido, reiteró que la FGE fue la que se encargó de fabricarle delitos como posesión y portación, tanto de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército como de drogas con la finalidad de comercio.
Apenas el pasado jueves el periódico Reforma, publicó información donde reveló que recientemente fue sentenciado por un juez del fuero federal por los ya enunciados delitos, recibiendo una sentencia de 3 años y 10 meses de prisión, la cual fue conmutable, por lo que no volverá a prisión.
Aunque inicialmente el agente del Ministerio Público del fuero común consiguió que siguiera su proceso en prisión, en octubre del 2017 sus abogados lograron la modificación de la medida cautelar mediante el pago de una garantía de un millón de pesos, así como la firma periódica ante un juez.
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