El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que ya se emitió una ficha roja para ubicar en el país o en el extranjero al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, acusado de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.
El funcionario federal ratificó que fue la dependencia a su cargo quien emitió una orden de aprehensión en contra del exmandatario, según lo expuso en una conferencia de prensa que ofreció este lunes para presentar un informe de trabajo.
“El mismo día que tuvimos la orden de aprehensión que nosotros pedimos, se emitió la ficha roja, quien haya dicho lo contrario, no está diciendo la verdad… eso que dicen que no lo hicimos, no es verdad”, puntualizó Gertz ante los cuestionamientos sobre si se busca o no a Mario Marín Torres.
La “ficha roja” es un mecanismo que utiliza la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que busca la detención o arresto preventivo de personas con el objetivo de extradición, aunque aún no es publicada en el portal oficial.
Busca la Interpol a Mario Marín
Al cuestionarle si se tiene ubicado al exmandatario poblano, señaló que ese tipo de información no se difundiría en caso de que se conociera. “¿Cómo cree que se lo voy a decir?, respondió al funcionario a la pregunta.
No obstante, insistió en que son mentira las versiones que indican que la Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó la emisión de una ficha roja, pues insistió en que se gestionó el mismo día en el que también pidió que se girara una orden de captura en contra de Marín.
Cabe señalar que la orden de aprehensión se emitió por un resolutivo del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Quintana Roo.
El requerimiento también ordena la captura del exjefe de la Policía Judicial Adolfo Karam Beltrán, del empresario Kamel Nacif Borge y Juan Sánchez Moreno exjefe de Mandamientos Judiciales, quien ya fue aprehendido.
El pasado 10 de enero, el gobierno federal, a través del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ofreció una disculpa pública a la periodista como parte de un análisis hecho por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que calificó que su detención fue arbitraria y pidió al gobierno mexicano reabrir el caso y sancionar a los responsables.
Sobre el tema, recientemente el líder del PRI en Puebla, Lorenzo Rivera Sosa, deslindó a su partido del exmandatario, quien en dos ocasiones acompañó al candidato tricolor a la gubernatura Alberto Jiménez Merino a eventos de campaña en las juntas auxiliares de San Andrés Azumiatla y La Resurrección.
En Azumiatla, el exgobernador otorgó una entrevista en la que señaló que el caso “Cacho” ya era un asunto juzgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo absolvió de cualquier responsabilidad en 2008.
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