En los nueve meses que van de la LX Legislatura del Congreso del estado no se revisó la cuenta pública 2016 del exgobernador Rafael Moreno Valle a pesar de que los diputados de Juntos Haremos Historia prometieron “destapar” la deuda pública que heredó.
Martes, Junio 11, 2019
La diputada presidenta de la Comisión Inspectora, Olga Lucía Romero Garci Crespo, reconoció que no hay avances en el análisis de los estados financieros a pesar de que fue una de las primeras acciones que se emprendieron con el cambio de diputados.
La legisladora de Morena afirmó que tanto la secretaria como los cinco vocales no tienen idea del trabajo que hizo la comisión desde septiembre del año pasado, cuando se instaló.
Esto al afirmar en entrevista que el expresidente José Juan Espinosa Torres (del PT) condujo la comisión de forma unilateral y opaca.
Sostuvo este martes que ninguno de los integrantes sabe qué temas se atendieron en las nueve sesiones que se han celebrado a pesar de que estuvieron presentes.
Tras ser ascendida de vocal a presidenta aseguró que la comisión ahora se conducirá con transparencia y sin intereses políticos.
Se comprometió a cumplir el acuerdo de revisar las cuentas públicas del exmandatario hasta las últimas consecuencias, como prometieron los diputados de Morena, PT y PES desde la campaña.
El 5 de noviembre el Congreso del estado aprobó por mayoría (con oposición de PAN y PRI) reabrir la cuenta pública 2016 de Moreno Valle, así como el estado financiero del enero de 2017 --último mes de su sexenio— con el fin de revelar el endeudamiento oculto que se le ha achacado.
Aunque había negativa por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para entregar la información, los legisladores se impusieron y obligaron al entonces titular David Villanueva Lomelí a liberar la documentación.
Junto con la de Moreno Valle (fallecido el pasado 24 de diciembre) el Congreso aprobó reabrir más de 600 cuentas públicas que fueron dictaminadas en fast-track por la legislatura anterior, semanas antes de irse el 14 de septiembre del año pasado.
La mayoría obradorista consideró que el paquete de cuentas públicas se pasó por el pleno para cubrir las espaldas a alcaldes y funcionarios protegidos del morenovallismo, así como para castigar de última hora a quienes fueron críticos del exmandatario, así que se logró revocar la aprobación y la imposición de sanciones.
Entre las cuentas públicas que habían sido aprobadas estaban la 2015 del exgobernador Antonio Gali Fayad (cuando fue alcalde de Puebla), la de su sucesor Luis Banck Serrato, así como la 2016 del entonces fiscal general Víctor Carrancá Bourguet y la del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), presidido en ese año todavía por Roberto Flores Toledano.
Entre las que se habían dictaminado con sanciones estaban la del panista exalcalde de la capital Luis Paredes Moctezuma; la del exedil de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez (del PT) y hasta las de José Santamaría Zavala y Antolín Vital Martínez, ediles de Huehuetlán el Grande y Tepexco, asesinados en 2016 y 2017.
A pesar de la carga de trabajo que se consiguió la Inspectora, a la fecha no cuenta con conclusiones sobre las cuentas públicas que se reabrieron ni ha dado a conocer avances.
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