La Auditoría Superior del Estado (ASE) confirmó que no auditó las obras emblemáticas de los exgobernadores Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, como Ciudad Modelo, la línea 2 de RUTA y la remodelación de la avenida Juárez.
El Museo Internacional del Barroco (MIB), el del Títere, el de la Evolución, el de La Constancia, los Centros Integrales de Servicios (CIS), la Estrella de Puebla, el Teleférico y los arcos de seguridad tampoco se revisaron.
Así lo revela un avance del informe que entregó el organismo al Congreso del estado la semana pasada y dado a conocer este jueves por la Comisión Inspectora.
En el documento la ASE admite que no se fiscalizaron precisamente los proyectos que han sido señalados de irregularidades por el gobierno estatal, diputados y académicos.
Incluso reconoce que validó varios proyectos sin hacer una revisión física para constatar si se llevaron a cabo con las características que reportaron los exmandatarios.
A pesar de eso, la auditoría aprobó de manera puntual y sin observaciones las cuentas públicas de Moreno Valle y Gali Fayad de cada año y solo está en revisión la de 2018, último año de gestión del segundo.
Todo esto durante la gestión de David Villanueva Lomelí, quien renunció al cargo el 30 de abril, medio año antes de concluir su periodo de siete años debido a que fue designado titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2019-2023.
Comportamiento sospechoso
Diputados de la coalición Juntos Haremos Historia amagaron con investigar al extitular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), David Villanueva Lomelí, por no revisar el 60 por ciento de obras construidas en los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.
Gabriel Biestro Medinilla (Morena), Raymundo Atanacio Luna (PT) y Miguel Trujillo de Ita (PES) coincidieron en que el gran número de proyectos sin auditar apunta a un solapamiento intencional que rayaría en lo ilegal.
En entrevistas por separado pugnaron porque no quede impune la omisión del exauditor, designado el 30 de abril como titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2019-2023.
Un informe presentado por la Comisión Inspectora del Congreso del estado el viernes, reveló que Villanueva Lomelí no revisó el 60.3 por ciento (5 mil 299) de las 13 mil 332 obras que se llevaron a cabo en los ocho años de gobiernos panistas.
Olga Lucía Romero Garci Crespo, presidenta de la comisión, señaló que las obras que no se auditaron equivalen 33 mil 121 millones 911 mil 288 pesos.
Trujillo de Ita alertó que a “ojo de buen cubero” resulta evidente un solapamiento intencional de la ASE hacia los gobiernos panistas, por la enorme cantidad de obras que no se fiscalizaron.
El vocal de la Inspectora sentenció que Villanueva Lomelí no actuó solo, sino que sería parte de un entramado de funcionarios que se hicieron de la “vista gorda” a cambio de algo.
Por ello consideró que una investigación por parte del Congreso del estado no es opcional, sino un acto de “responsabilidad”.
Atanacio Luna destacó el hecho de que Villanueva Lomelí estuvo al frente de la ASE precisamente el tiempo que duraron los gobiernos panistas y renunció meses antes de concluir su gestión tras recibir el nombramiento en la Cámara de Diputados.
Recordó que durante su gestión las cuentas públicas de Moreno Valle y Gali Fayad se aprobaron de inmediato y sin observaciones, a pesar de los cuestionamientos que caían de parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Como vocal de la Inspectora también vio necesaria la investigación y, de cara a la renovación de la ASE, planteó retirar el fuero constitucional a los auditores.
Biestro Medinilla vio también sospechosa la omisión de auditorías y consideró que se deben deslindar responsabilidades.
De acreditarse el solapamiento intencional, el también presidente del Poder Legislativo advirtió que es posible la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incurran en este tipo de actos.
La Constitución del estado prevé para los funcionarios culpables de anomalías la amonestación, suspensión del cargo, destitución o inhabilitación de varios años para ejercer otro cargo público.
De acuerdo con el artículo 125, un exauditor puede ser juzgado incluso un año después de haber dejado el cargo y las sanciones pueden validarse hasta un año después de abrirse la investigación.
Violaciones graves a la Constitución, manejo indebido de fondos y recursos del estado, actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, actos de corrupción o actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia son algunos motivos por los que se puede castigar a un servidor público.
Comportamiento sospechoso
Diputados de la coalición Juntos Haremos Historia amagaron con investigar al extitular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), David Villanueva Lomelí, por no revisar el 60 por ciento de obras construidas en los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.
Gabriel Biestro Medinilla (Morena), Raymundo Atanacio Luna (PT) y Miguel Trujillo de Ita (PES) coincidieron en que el gran número de proyectos sin auditar apunta a un solapamiento intencional que rayaría en lo ilegal.
En entrevistas por separado pugnaron porque no quede impune la omisión del exauditor, designado el 30 de abril como titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2019-2023.
Un informe presentado por la Comisión Inspectora del Congreso del estado el viernes, reveló que Villanueva Lomelí no revisó el 60.3 por ciento (5 mil 299) de las 13 mil 332 obras que se llevaron a cabo en los ocho años de gobiernos panistas.
Olga Lucía Romero Garci Crespo, presidenta de la comisión, señaló que las obras que no se auditaron equivalen 33 mil 121 millones 911 mil 288 pesos.
Trujillo de Ita alertó que a “ojo de buen cubero” resulta evidente un solapamiento intencional de la ASE hacia los gobiernos panistas, por la enorme cantidad de obras que no se fiscalizaron.
El vocal de la Inspectora sentenció que Villanueva Lomelí no actuó solo, sino que sería parte de un entramado de funcionarios que se hicieron de la “vista gorda” a cambio de algo.
Por ello consideró que una investigación por parte del Congreso del estado no es opcional, sino un acto de “responsabilidad”.
Atanacio Luna destacó el hecho de que Villanueva Lomelí estuvo al frente de la ASE precisamente el tiempo que duraron los gobiernos panistas y renunció meses antes de concluir su gestión tras recibir el nombramiento en la Cámara de Diputados.
Recordó que durante su gestión las cuentas públicas de Moreno Valle y Gali Fayad se aprobaron de inmediato y sin observaciones, a pesar de los cuestionamientos que caían de parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Como vocal de la Inspectora también vio necesaria la investigación y, de cara a la renovación de la ASE, planteó retirar el fuero constitucional a los auditores.
Biestro Medinilla vio también sospechosa la omisión de auditorías y consideró que se deben deslindar responsabilidades.
De acreditarse el solapamiento intencional, el también presidente del Poder Legislativo advirtió que es posible la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incurran en este tipo de actos.
La Constitución del estado prevé para los funcionarios culpables de anomalías la amonestación, suspensión del cargo, destitución o inhabilitación de varios años para ejercer otro cargo público.
De acuerdo con el artículo 125, un exauditor puede ser juzgado incluso un año después de haber dejado el cargo y las sanciones pueden validarse hasta un año después de abrirse la investigación.
Violaciones graves a la Constitución, manejo indebido de fondos y recursos del estado, actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, actos de corrupción o actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia son algunos motivos por los que se puede castigar a un servidor público.
No hay comentarios:
Publicar un comentario