Alcaldes de 25 municipios de Puebla se fueron sin explicar el destino de 111 millones 429 mil 178.64 pesos, entre ellos los de Coronango, Ciudad Serdán, Xicotepec, Acatzingo, Huehuetlán el Grande y Cuayuca de Andrade. Así lo reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la segunda entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2018, publicada el jueves.
Viernes, Noviembre 1, 2019
Los recursos correspondían al Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), pero los exediles concluyeron su mandato en octubre de 2018 sin proporcionar la documentación comprobatoria de cómo los gastaron.
El daño patrimonial más alto es por 16 millones 983 mil pesos (el 15.2 por ciento del monto general) y se imputa al priista Rafael Ramos Bautista, que gobernaba Acatzingo.
En segundo lugar se ubica un quebranto de 13 millones 886 mil 100 pesos (12.4 por ciento del total), que se atribuye al expresidente de Huehuetlán el Grande, Lázaro Luna Corona, sustituto de José Santamaría Zavala, asesinado en 2016.
Por Cuayuca de Andrade se señala a la priista Graciela Perea Aranda de un desfalco de 11 millones 788 mil pesos, que representan el 10.5 por ciento del daño global.
A la priista Ernestina Macoto Chapuli se le acusa de no comprobar el uso de 9 millones 990 mil pesos (el 8.9 por ciento) en su último año como edil de Coronango; mientras que a Juan Navarro Rodríguez (igual del tricolor) se le responsabiliza de un daño patrimonial de 7 millones 92 mil.
Al panista Juan Carlos Valderrábano Vázquez, exmunícipe de Xicotepec, se le imputa un quebranto al erario por 5 millones 594 mil pesos.
Otros ayuntamientos con anomalías fueron: Cohetzala, con 4 millones 992 mil pesos; Tzicatlacoyan, con 4 millones 896 mil; Atoyatempan, con 4 millones 495 mil; Ayotoxco, con 3 millones 996 mil; Acateno, con 3 millones 696 mil y Tepexco, con 3 millones 684 mil.
ASF ordena sanciones
La ASF también impuso promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue e inicie procedimientos administrativos contra varios servidores públicos por diversas irregularidades.
Los funcionarios que serían cometidos a los procesos son de los municipios de Huejotzingo, Atzitzihuacán, Huatlatlauca, San Pablo Anicano y Chiautla.
Todos por no presentar la documentación del gasto del presupuesto autorizado para realizar obras públicas, así como por inconsistencias en procesos de adjudicación de contratos.
Varios de los alcaldes señalados por la ASF también enfrentan investigaciones por la Auditoría Superior de Estado (ASE) por anomalías en el gasto de recursos estatales.
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