El Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), encabezado por Jorge Benito Cruz Bermúdez; Puebla Comunicaciones, por Ricardo Gutiérrez Loyola y la Fiscalía General del Estado (FGE) en manos de Víctor Carrancá Bourget, fueron objeto de ‘aclaraciones’ por cerca de cien millones de pesos por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) durante las cuentas públicas del 2017.
El Capcee fue el Organismo Público Descentralizado (OPD) con el mayor monto de aclaraciones realizadas por el órgano de fiscalización local, por un total de 67.6 millones de pesos; seguido por Puebla Comunicaciones con 22 millones 385 mil pesos; mientras que la FGE recibió aclaraciones por cerca de ocho millones de pesos.
Cabe resaltar que en el caso del Capcee, del total del monto observado, cerca de 10 millones de pesos corresponden a aclaraciones en obras públicas; mientras que en el caso de Puebla Comunicaciones resalta una póliza por promoción en radio y televisión por este mismo monto, a pesar de que es responsable de la cadena del gobierno estatal.
De acuerdo con el informe publicado por la ASE, en 2017 la Capcee, que entonces se encontraba bajo el mando de Jorge Benito Cruz Bermúdez, registró un monto total por aclarar de 67 millones 656 mil 737 pesos entre pólizas de subsidios y convenios, servicios personales, arrendamiento, impuestos y derechos y obra pública.
El ahora magistrado del tribunal Superior de Justicia (TSJ) deberá responder por los recursos que fueron utilizados en estos rubros y que no cumplen con los requisitos necesarios requeridos para ser aprobados.
Entre estos gastos destacan cerca de 10 millones de pesos que tendrán que ser solventados y que fueron utilizados para la compra de “Suministro de mobiliario y equipo para laboratorios de mecatrónica; en el Centro Escolar de Nueva Creación de San José Chiapa”; la construcción del Centro Integral de Servicios de Tepexi de Rodríguez, y la construcción de aulas didácticas en primarias de la capital y Tecamachalco.
Esta no es la primera ocasión que el Capcee se encuentra envuelto en una serie de irregularidades, pues este OPD incurrió en varias construcciones que se encontraban fuera de su jurisdicción o para lo que fue creado, a tal grado de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció su desaparición esta misma semana.
El área responsable de la cadena de televisión y radio del Gobierno del Estado, Puebla Comunicaciones, en 2017 se encontraba bajo el mando de Ricardo Gutiérrez Loyola, quien no justificó el gasto por nueve millones 429 mil 999 pesos para la difusión por radio, televisión y otros medios mensajes de programas y actividades gubernamentales.
Según el informe de la ASE, esta solicitud de aclaración DFE-0267-17-9045-SA-004 no cuenta con un proceso de adjudicación, por lo que se presume que de forma directa entregó estos recursos.
El total de observaciones para este ente es por 22 millones 385 mil 222 pesos, que deberán ser justificados en los tiempos establecidos por la ASE después de que estas ya se encuentran publicadas dentro del portal de la dependencia.
Víctor Carranca Bourget, quien cuenta con una licencia para ausentarse de sus funciones como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), gastó durante el 2017 un total de 24 millones 40 mil 901 pesos, de los cuales siete millones 576 mil 688 pesos en gastos de arrendamiento de inmuebles están pendientes.
Esta cifra representa el 95.8 por ciento de los montos que debe aclarar la dependencia que ahora se encuentra en manos de Gilberto Higuera Bernal, donde los otros dos rubros corresponden a la compra de suministros por 192.6 mil pesos y servicios generales por más de 136 mil pesos.
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