Fueron los inspectores del Ayuntamiento, de acuerdo con la versión de Guadalupe Rojas, la afectada, quienes se hicieron cargo de resolver el problema.
“Esta persona buscó a los integrantes del Comité de Villa Iluminada para quejarse de una cuenta de 800 pesos cobrada por consumir tres órdenes de tacos y tres refrescos”, platicó una fuente consultada.
Se trata del segundo caso, por lo menos público, en que un puesto de comida cometió un presunto abuso con sus clientes. El primero ocurrió durante el primer fin de semana del evento y en la última semana de Octubre.
Rojas platicó el procedimiento para hacer válido su reclamo: “se llamó a representantes de la oficina de Inspectoría para ir con el dueño del establecimiento y resolver la queja”.
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